Justyna Wydrzyńska, integrante de Aborto Sin Fronteras y de Abortion Dream Team, fue condenada este año por ayudar a una mujer víctima de violencia machista a acceder a medicación abortiva en Polonia. En una visita reciente a España esta activista explicaba a El Salto que una condena así podría darse en cualquier lugar. Y es que el aborto sigue siendo una práctica globalmente penalizada y las defensoras de este derecho, así como sanitarias y sanitarios que lo practican, ampliamente perseguidos. Así se recoge en el último informe de Amnistía Internacional Un movimiento imparable: Llamamiento global para reconocer y proteger a quienes defienden el derecho al aborto. Un informe que refleja que estas personas están siendo objeto de estigmatización, intimidación, ataques y procesamientos injustos, de modo que el desempeño de su trabajo es cada vez más difícil y peligroso. Hablamos con Lisa Maracani, autora del informe e investigadora en el Programa Global de Defensoras y Defensores de DDHH, quien pone el foco en la vulnerabilidad a la que está expuesto el derecho al aborto a escala global, aún en lugares donde la legislación está muy avanzada.

¿Cuál es la principal conclusión que habéis sacado tras realizar el informe?
Las defensoras del derecho al aborto, ya sean activistas, acompañantes o proveedoras de servicios de salud, están siendo atacadas de varias formas debido a que el derecho al aborto sigue siendo criminalizado -un solo país, Canadá, ha despenalizado el aborto totalmente- y también debido al estigma que rodea este derecho. En lugar de ser tratado como un derecho y atención medica esencial, el aborto sigue siendo tratado como una excepción y algo que tiene que ser estrictamente regulado. Los ataques en contra de las defensoras no sólo constituyen una violación de la obligación del Estado de proteger a estas defensoras y proporcionarles un entorno seguro y propicio, sino que son también un obstáculo al derecho al aborto para todas las personas que lo necesitan.

¿Qué magnitud tiene la persecución de las personas que defienden los derechos reproductivos de las mujeres? ¿Cuántos casos habéis documentado?
Para este informe hemos hablado con casi 50 personas de 30 países del mundo que actúan en diferentes contextos, desde los más punitivos (por ejemplo El Salvador) hasta los que son considerados más abiertos (por ejemplo, el Reino Unido). Todas las personas entrevistadas han dicho recibir algún tipo de hostilidad o limitación, por ejemplo: estigmatización (incluso por parte de colegas), ataques físicos o verbales, criminalización (o el riesgo de ser criminalizadas), intimidación, campañas de desprestigio, barreras a sus derechos humanos (por ejemplo libertad de expresión y asociación) y a sus carreras profesionales.

En EE UU entre 1977 y 2022, se han registrado 11 homicidios, 26 tentativas de homicidio, 200 incendios provocados, contra proveedoras de servicios reproductivos

El informe también cita estudios más amplios, hechos por otras organizaciones por ejemplo, Ipas y otras organizaciones proveedoras de servicios sexuales y reproductivos). Los ataques violentos a nivel mundial no han sido sistemáticamente documentados a través de los años, pero en los Estados Unidos hay una organización, la National Abortion Federation, que desde los años  70 ha registrado todos los incidentes violentos en contra de proveedores. Por ejemplo, entre 1977 y 2022, ha registrado 11 homicidios, 26 tentativas de homicidio, 200 incendios provocados, 100 ataques con ácidos, mas de 500 de agresiones por un total de casi 16.000 incidentes violentos.

En general el problema es la invisibilidad global de estos ataques, que son pan de cada día para estas personas defensoras. En muchos casos los riesgos son interiorizados, lo que crea mucho desgaste y trauma. Es fundamental que los estados, hospitales, sindicatos o asociaciones profesionales documenten este problema y tomen acción urgente para proteger todas las personas defensoras del derecho al aborto.

El derecho al aborto ¿está amenazado a escala internacional?
Sí. Siguen existiendo en todo el mundo enormes obstáculos al acceso al aborto seguro, a pesar de que en los últimos decenios se han conseguido algunos avances importantes. Este progreso se ha logrado principalmente gracias al trabajo de los movimientos feministas, consiguiendo cambios mediante la evolución de las normas de derechos humanos relativas al aborto, la adopción de legislación progresista, y sentencias judiciales que reconocen cada vez más el derecho al aborto.

También se ha avanzado sobre la base del desarrollo y el despliegue de la medicación abortiva en todo el mundo; de modo que el aborto se ha convertido en algo más accesible y aceptable para millones de mujeres, niñas y personas que pueden quedarse embarazadas, que han ganado capacidad de acción y control sobre su cuerpo.

No obstante, aún queda mucho por hacer. Actualmente, el aborto sigue penalizado y fuertemente regulado en la mayoría de los países, y su prohibición total persiste en 22 países. Incluso en lugares donde se han llevado a cabo reformas legislativas progresistas, el acceso a un aborto legal sin riesgos puede resultar difícil a causa de importantes obstáculos, sobre todo para las personas más marginadas. Además, hay esfuerzos de detractores del aborto dirigidos a revertir los avances logrados. Dichos esfuerzos están ganando terreno en medio de una oleada de discursos públicos antiabortistas y antigénero, de reducción del Estado de derecho, de campañas de desinformación, y de ataques al espacio de la sociedad civil. En todos los países del mundo (menos Canadá) persiste en los códigos penales.

Personas que trabajan en servicios de salud nos han contado que viven un fuerte conflicto entre proporcionar la mejor atención médica posible y el riesgo de ser criminalizadas

Esta represión se vive incluso en países que permiten parcialmente el aborto ¿Nos puedes dar ejemplos?
Sí, justamente en Canadá, a pesar de que el aborto este despenalizado totalmente, hay casos de ataques violentos. Esto es debido al hecho que la despenalización de por si no es suficiente. Es importante también combatir el estigma, hacer campañas educativas, y tomar pasos concretos para la protección de las personas defensoras y las personas que buscan servicios de salud.

El hecho de que haya leyes que regulan fuertemente el derecho al aborto, hace que haya mucha estigmatización y riesgo de criminalización de proveedores y activistas aún cuando están operando dentro de los limites estrictos de la ley. Además personas que trabajan en servicios de salud nos han contado que viven un fuerte conflicto entre el deber ético y profesional de proporcionar la mejor atención médica posible y el riesgo de ser criminalizadas por leyes que realmente son perjudiciales para la salud.

¿Qué implica esta represión? ¿Hay incluso riesgo de homicidios?
Sí, por ejemplo en Estados Unidos ha habido casos de asesinatos y tentativas, y otros ataques violentos a lo largo de años. Hay muchos más países donde las personas proveedoras de los derechos sexuales y reproductivos están en riesgo de vida, como nos han contado las personas que hemos entrevistados, pero no hay información sistematizada y esto hace que estos ataques sean invisibilizados.

Aunque el aborto esté legalizado, ¿sigue existiendo un estigma sobre los trabajadores de la salud que lo practican?
Sí, esto pasa en todos los países. El estigma es uno de los problemas del que nos han hablado todas las personas entrevistadas. El estigma ocupa un lugar central porque las personas que defienden el derecho a acceder a atención médica esencial, incluido el aborto, con su labor ponen en entredicho los sistemas de poder y de opresión como el patriarcado y el racismo.

En España se ha hecho obligatorio un listado de objetores de conciencia para asegurar el acceso al aborto en todos los hospitales públicos. Los profesionales que no quieren practicar abortos deben de manifestarlo, y así poder garantizar que en todos los centros haya al menos un profesional que lleve a cabo abortos ¿Qué te parece esta medida?
Es un paso inicial, pero dependerá de cómo se ponga en la práctica y que hará el estado para asegurar el derecho al aborto si hay demasiados objetores. Por ejemplo, en Italia los profesionales de la salud también tienen que manifestar si son objetores y en teoría el Ministerio de Salud debería usar estos datos para garantizar que la ley que permite el aborto sea respetada. A pesar de que el Ministerio de Salud sabe muy bien que hay un alto nivel de objeción (datos oficiales dan como el 64% en promedio pero hay picos de 84% en algunas regiones y hay hospitales donde hay el 100% de personal que son objetores) aun así el estado está “en negación” y son muy pocos los pasos que se han tomado para remediar este problema. Por ejemplo, en el 2015 el Consejo de Europa condenó a Italia por los niveles muy altos de discriminación y la excesiva carga de trabajo que enfrenta esa minoría de personal de salud que no son objetores. Esta situación significa que a pesar de que la ley diga que debe de haber acceso al aborto en el primer trimestre de embarazo, la realidad es muy diferente.

Cada año hay 35 millones de abortos inseguros. El hecho de no tener acceso a un aborto seguro, contribuye a altos niveles de mortalidad y morbosidad materna

Este estigma que pesa sobre la profesión médica ¿impide que las mujeres accedan a este derecho? ¿Cuáles son las mujeres más vulnerables?
Sí, eso es uno de los puntos cruciales que queremos comunicar. No se trata solo de ataques a personas defensoras, incluyendo el personal médico, sino también como esto impacta a todas las personas que dependen de servicios de salud accesibles y asequibles. En el mundo, cada año hay 35 millones de abortos inseguros, sobre todo en África (excepto África del Sur), América Latina y el Caribe, Asia del sur y central. El hecho de no tener acceso a un aborto seguro, contribuye a altos niveles de mortalidad y morbosidad materna. Como siempre, las más afectadas son las personas que son pobres, marginalizadas, jóvenes, discriminadas por motivos de género, raza, etnia u otra condición, y que viven lejos de los servicios de salud. Por esto, el hecho de no tener acceso al aborto siempre ha sido un problema que tiene que ver con la justicia social.

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