En 2022 Brasil registró el mayor número de casos de violación de su historia: 74.930, según un reciente informe del Foro Brasileño de Seguridad Pública. En más del 60% de los casos, los y las sobrevivientes tenían menos de 14 años. En muchos casos, el agresor era un pariente o un conocido. El informe también señala que el número real de sobrevivientes podría ser mayor, ya que los datos se basan en denuncias presentadas ante las autoridades y muchos sobrevivientes se enfrentan a obstáculos para denunciar los abusos.

El estudio señala correctamente la “importancia de la escuela como espacio para la protección de los niños y niñas”. Samira Bueno, directora ejecutiva del Foro, señaló que los y las sobrevivientes “a menudo no pueden reconocer que están sufriendo violencia sexual” hasta que reciben educación sexual y tienen la oportunidad de hablar de estos temas con un profesor.

Los estudios indican que una educación sexual acorde con la edad puede contribuir a prevenir la violencia de género y la discriminación, y aumentar las actitudes positivas hacia la igualdad de género y la confianza de los y las estudiantes. Expertos brasileños en educación sexual llevan años defendiendo este argumento. Las escuelas deben estar preparadas para abordar la educación sexual y saber cómo tratar las denuncias de violencia sexual con una asistencia sensible al trauma.

Sin embargo, en lugar de reforzar la educación sexual en las escuelas, los legisladores conservadores de todo Brasil han intentado prohibir la educación sexual, utilizando tácticas como la desinformación para convertir el tema en un arma con fines políticos.

En 2022, Human Rights Watch publicó un informe en el que analizó más de 200 proyectos y leyes federales, estatales y municipales presentados desde 2014 con el fin de prohibir la educación sexual y de género en las escuelas. El informe también describió cómo se persigue a los profesores que debaten estos temas en las aulas.

Más de 80 organizaciones de educación y derechos humanos han publicado un manual para proteger a los profesores contra esta censura. El poder judicial brasileño también ha servido como un freno importante a leyes regresivas. En 2020, el Tribunal Supremo dictó sentencias históricas anulando ocho leyes estatales y municipales que prohibían la educación sexual y de género, al considerar que las prohibiciones violaban los derechos a la igualdad, a la no discriminación y a la educación. Si bien estas sentencias sostienen que la educación sexual es obligatoria en Brasil, los legisladores conservadores siguen aprobando prohibiciones similares, incluyendo una este mismo mes.

Las autoridades brasileñas deben dejar de politizar la educación sexual y de género y garantizar que todos los niños, niñas y jóvenes tengan acceso a la educación -acorde a su edad- que necesitan para llevar una vida sana y segura. Reforzando la educación sexual, Brasil podría aumentar la concienciación, reducir la violencia sexual y proporcionar un mejor apoyo a los y las sobrevivientes.

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