Desde 2014, más de 800 denuncias se registraron contra maestros y administrativos de unidades educativas del país por presuntos actos de violencia y acoso sexual. De ese total, 104 fueron destituidos definitivamente, tras comprobarse su culpabilidad, informó el ministro de Educación, Edgar Pary.

La autoridad explicó que las acciones están establecidas en los Decretos Supremos 1302 y 1320, normas que tienen por objeto “establecer mecanismos que coadyuven a la erradicación de la violencia, maltrato y abuso que atente contra la vida e integridad física, psicológica y/o sexual de niñas, niños y adolescentes estudiantes, en el ámbito educativo".

“Algunos colegas no están tomando en cuenta los derechos de nuestros estudiantes. Las maestras y maestros tenemos que velar por la formación, cuidado e integridad física y emocional de nuestras niñas, niños, jóvenes y señoritas. Tenemos que dar el ejemplo con nuestros actos”, dijo, según una nota de prensa.

En esa línea, Pary reafirmó el compromiso que desde su despacho no se dejarán impunes los delitos de violencia que ocurran en las diferentes unidades educativas del país e informó que las nueve Direcciones Departamentales de Educación cuentan con profesionales penalistas que realizan el seguimiento de las denuncias de violencia.

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