Adriana (nombre cambiado para cuidar su identidad) es una menor de edad con discapacidad intelectual que vive con miedo. Cuando tenía 13 años fue abusada sexualmente por el propietario del inmueble donde, junto a su familia, vivía en alquiler en Sacaba, Cochabamba. Ya no le gusta salir de su hogar, se siente incómoda si alguien la observa y busca la compañía de su madre en todo momento.

Después de más de tres años de proceso, Abraham Lozano Sandoval (73 años) recibió 15 años de cárcel por el delito de abuso sexual con agravante cometido en contra de Adriana, pero sigue suelto. Los papás de la víctima a través de sus abogados han solicitado, desde 2019, que el autor sea enviado a una cárcel, pero sus peticiones han sido rechazadas, pese a que el autor tenía declaratoria de rebeldía antes del juicio.

Adriana era una niña muy diferente a como se siente ahora, alegre y no desconfiaba de la gente. Batalló desde muy pequeña porque en cierta etapa sufrió bullying (acoso escolar) por su discapacidad intelectual. Según los estudios realizados en 2019, los profesionales determinaron que el cociente intelectual promedio de la víctima, que en ese entonces tenía 13 años, era de una menor de siete años y seis meses. El abuso sexual le causó “elevados grados de temor y aislamiento”.

En Bolivia cada día se reportan al menos siete casos de violencia sexual (abusos y violaciones) contra menores de edad.  

La vida de Adriana y de su familia dio un giro inesperado el 10 de agosto de 2019. Ese día, Abraham Lozano sentado en el patio de su inmueble aprovechó que la niña estaba sola y que salía del baño. La llamó y ella se acercó inocentemente, pero el adulto mayor le realizó toques impúdicos y le causó equimosis en el cuerpo. La dejó ir porque sabía que la mamá de la menor estaba en un negocio próximo al domicilio, pero antes la amenazó para obligarla a guardar silencio.

El agresor no estaba en la casa cuando la madre de Adriana volvió y encontró a su hija llorando. Su niña le contó todo lo sucedido después de mucha insistencia. Sacó a Adriana del lugar y buscó a su madre y a su esposo, quienes se encargaron de llamar a la Policía y capturar al agresor sexual.

Lozano fue aprehendido, pero la audiencia de medidas cautelares donde lo beneficiaron con detención domiciliaria sin custodios, fianza, firmas periódicas y arraigo se llevó sin previa notificación a la parte acusadora (víctimas), según el testimonio de la mamá de Adriana. Ella reclamó a la Policía y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Sacaba, quienes se habían comprometido a acompañarla con un abogado en el caso, pero le “fallaron”. No tuvo más opción que buscar un abogado particular porque tenía 72 horas para presentar la apelación y buscar que el arresto en casa sea cambiado por cárcel, pero el juez que atendió la solicitud solo ratificó el fallo.

“Sentí impotencia. Todo era nuevo para mí, no sabía nada (de los procedimientos en estos casos)”, dijo la mamá de la víctima a tiempo de mencionar que la peregrinación apenas comenzaba. La citaron al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) donde colectaron las muestras para el laboratorio de amilasa salival e hicieron peritajes psicológicos, entre otros actuados, pero el sindicado rechazó el hisopado entorpeciendo la investigación durante la etapa investigativa.

DE VUELTA A ARGENTINA La investigación se estancó durante la pandemia. Adriana ya no sonreía, bajo su rendimiento académico, temía salir a la calle y solo dormía si su madre estaba a su lado. Sus papás querían verla mejor y decidieron volver a Argentina para cuidarla, pero estaban pendientes del proceso a través de la abuela materna de la víctima (que tenía un poder) y de sus abogados.

Los padres de la menor vendieron todos sus bienes antes de volver a Bolivia en 2017. Su plan era establecerse en el país, donde tienen familiares, y todo estaba marchando bien hasta que su hija fue víctima de violencia sexual en 2019. Querían evitar que ella se encuentre con su agresor y decidieron hacer maletas tras que se levantaron las restricciones en 2020 y se mudaron a Buenos Aires, Argentina, donde empezaron de cero.

Adriana presentó mejoras en su estado emocional y mental, y sigue recibiendo contención psicológica, pero su mamá tuvo que volver a Bolivia en búsqueda de justicia. Llegó en diciembre de 2021 y encontró que el proceso no había avanzado.

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