Una menor participación en el mercado laboral con un alto costo de oportunidad son algunos de los aspectos analizados en un estudio sobre embarazo adolescente en Bolivia en el que se recomienda que se mejoren las estrategias de prevención y se aplique una “educación integral de la sexualidad” en el país.

La investigación “Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia”, que desarrollaron el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) junto al Ministerio de Salud de Bolivia, aborda las dimensiones educativa y sanitaria, además, de la participación laboral y los ingresos que el Estado deja de percibir.

El oficial de Salud Sexual y Reproductiva del Unfpa, Gustavo Tapia, detalló que el estudio compara el segmento de madres adolescentes, de 10 a 19 años, con la maternidad de mujeres adultas jóvenes de 20 a 29 años.

La metodología que se empleó fue Milena, un procedimiento estandarizado que “utiliza registros oficiales” como la Encuesta de Hogares que se realizó en 2019 junto a otras fuentes que sirven de apoyo para abordar esta problemática, precisó.

Conclusiones

En el aspecto educativo, se estableció que las madres adolescentes “tuvieron 2,7 veces menos oportunidades de obtener un título universitario” y que el 7,4 por ciento alcanzaron este nivel en comparación al 20,3 por ciento de las madres adultas jóvenes.

“La brecha es del 12,9 por ciento”, sin embargo, la situación de las madres adolescentes es más dramática ya que muchas “sólo llegan hasta la secundaria”, complementó Tapia.

El funcionario también explicó que la “brecha de inactividad laboral” entre madres adolescentes y adultas jóvenes es del 1,6 por ciento, pero que en contraposición ese índice afecta de manera “importante” a ambos grupos con un 32,2 por ciento y 33,7 por ciento, respectivamente.

El texto también señala que las madres adolescentes “ganan (anualmente) en promedio un 28,1 por ciento menos” que aquellas que retrasaron su maternidad, puesto que su ingreso llega a los 3.813 dólares frente a los 4.888 de las madres entre los 20 a 29 años.

Tapia hizo una diferenciación entre las madres adolescentes mayores de 15 años y las menores a esa edad, que en la mayoría de los casos “son producto de violencia sexual”.

El oficial de Unfpa hizo referencia a los datos del Ministerio de Salud que establecen que el año pasado hubo 39.747 embarazos de adolescentes, de los que 37.743 pertenecieron a menores entre los 15 a 19 años, mientras que 2.404 fueron de gestantes entre 10 y 14 años.

Entre los datos duros del estudio está que el costo de oportunidad del embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana es de un “0,91 por ciento del PIB Nacional”, unos 373,3 millones de dólares, mientras que la pérdida anual de ingresos de la población femenina por esta causa es de 322 millones.

A esto se deben incorporar otras variables que inciden en la recaudación del Estado por impuestos que es de unos 16,6 millones de dólares o los costos sanitarios prenatales y posnatales que alcanzan los 25,5 millones en la atención de los embarazos de adolescentes.

Tapia señaló que la principal recomendación consiste en “desarrollar estrategias de prevención y reducción del embarazo no intencional”.

Según el estudio, es preciso incorporar una “educación integral de la sexualidad” en la currícula educativa y en el “ámbito no formal”.

Además, plantea que a los adolescentes y jóvenes se les proporcione “información confiable” para que puedan tomar “decisiones informadas”, algo que incluye el “acceso voluntario” a métodos anticonceptivos, “una de las estrategias probadas de reducción de embarazos”.

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