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Datos del Servicio de Registro Cívico (Serecí) develan que en 12 años legalizó 11.297 uniones de adolescentes de entre 13 y 17 años de edad. De ese total, 10.012 (89%) son mujeres, y 1.285 (11%), varones.
Los mayores índices de matrimonios tempranos se encuentran en el eje central del país: Santa Cruz registró 2.748, seguido de La Paz con 2.040 y Cochabamba, 1.705.
Potosí es la cuarta región que supera el millar de matrimonios adolescentes en 12 años, 1.389 en total. Le siguen Beni con 745, Oruro con 464, Chuquisaca con 380, Tarija con 359 y Pando con 182.
El director nacional del Serecí, Javier Hinojosa, explicó a La Razón que el anterior Código de las Familias permitía que los contrayentes tengan 14 años de edad, en el caso de las mujeres, y 16, en hombres; sin embargo, en 2014, hubo modificaciones a la norma y ahora quienes cumplan 16 años, pueden contraer matrimonio de forma legal, pero con autorización de padres de familia.
Explicó que hay excepciones en el caso de menores de 13, 14 y 15 años de edad que quieran legalizar su unión. “Según las estadísticas que tenemos en el Serecí, se puede advertir que la mayor parte de los registros son dentro de esos rangos de edad; sin embargo, hay la posibilidad de que exista un menor de 14 años; si es el caso, se necesita una autorización judicial”, señaló el funcionario.
Instituciones que abordan la problemática del matrimonio adolescente en el país afirman que la mayoría de los casos antes de los 18 años son forzados, y atribuyen a factores económicos, embarazos tempranos, pobreza y hasta violencia sexual.
La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, señaló que, en el caso de Bolivia, el “matrimonio infantil” o “unión temprana” se registra en sectores o en lugares donde las relaciones de poder son mucho más afianzadas, donde la situación de pobreza o de necesidad, en muchos casos de las familias, genera como una oportunidad tanto para sus hijas como para el propio entorno familiar.
Lamentó que los padres de familia de sectores económicamente vulnerables vean en los cuerpos de sus hijas la oportunidad de salir de la pobreza y consideró que se debe poner un freno.
“Los padres de familia optan por poder unir a sus hijas a personas u hombres mayores con una situación económica y un nivel de educación aparentemente mucho mejores, pero lastimosamente es engañosa, porque en muchos casos lo único que genera es ahondar la situación de violencia”, explicó Cruz a La Razón.
La exdefensora del Pueblo expresó su preocupación ya que hay adolescentes que fueron víctimas de violencia sexual y que son obligadas a casarse con sus agresores como una forma de reparación.
“Es decir (los padres de la adolescentes) casan a las víctimas con sus agresores, como una forma de reparación, pero lo único que hace esto es consolidar el hecho de violencia, naturalizar la violencia y alentar también a las parejas hombres para que en el caso de esas parejas mujeres continúen con procesos de violencia general, entonces esa es otra de las causas”.
Cruz aclaró que los datos del Serecí no reflejan la realidad de las uniones a temprana edad, ya que no siempre el matrimonio es formal y ante autoridades civiles; de hecho, en la mayoría de los casos, las uniones son informales o celebradas en ceremonias tradicionales, por lo que no hay un registro de tales vinculaciones, lo que dificulta su cuantificación.
Ante esta situación, la viceministra anunció que se proyecta un ajuste a una reforma normativa que responda o elimine estas brechas que permiten dar legalidad a hechos de violencia que viven las niñas y adolescentes en el país.
“Estamos trabajando en un proyecto de norma que establezca no permitir la excepcionalidad. Las mujeres y los hombres que quieran contraer matrimonio sea partir de los 18 años”, sostuvo la autoridad.
Acotó que a través del Consejo Educativo se implementarán medidas de prevención desde el ámbito de salud, educación, prevención y atención de violencias.
Además de ese problema, los embarazos en adolescentes son otra preocupación social.
Una de cada cuatro adolescentes en la región contrajo matrimonio o mantenía una unión temprana antes de cumplir 18 años, según un estudio interinstitucional presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de 2022.
En la región, el matrimonio antes de los 18 años es prohibido en nueve países: Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana.
Mientras, los países que permiten el matrimonio a partir de los 16 años con autorización de los padres, representantes legales o de un juez son Bolivia, Brasil, Chile, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
El documento de la Cepal señala que la prevalencia en la región no ha variado en los últimos 25 años, y advierte que sin acciones e inversiones, América Latina y el Caribe tendrán, para 2030, el porcentaje más elevado de matrimonio infantil.
La directora de la División de Asuntos de Género de la Cepal, Ana Güezmes, recuerda que los matrimonios y las uniones infantiles, tempranas y forzadas “constituyen una violación a los derechos humanos de los menores, son fenómenos complejos relacionados con desigualdades de género, violencia, pobreza, abandono escolar, embarazo adolescente y políticas inadecuadas que ponen en riesgo el presente y futuro de niñas y adolescentes”.
Asimismo, resume, “estas prácticas nocivas limitan fuertemente la autonomía económica, física y en la toma de decisiones de mujeres y niñas, y les entorpece el camino hacia su pleno desarrollo”.
Según la Cepal, los matrimonios infantiles y las uniones tempranas exponen a las niñas a embarazos en la adolescencia. Las cifras para la región indican que la mayoría de las mujeres que contrajeron matrimonio durante su niñez dio a luz antes de cumplir 18 años; ocho de cada 10 lo hicieron antes de cumplir los 20 años y la mayoría de estos embarazos fueron no deseados, según el estudio.
“Con frecuencia, las niñas casadas se quedan embarazadas durante la adolescencia, lo cual incrementa el riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto, tanto para ellas como para sus hijos”.
La Cepal concluye en que las niñas que contraen matrimonio antes de los 18 años corren un mayor riesgo de sufrir violencia doméstica y tienen menos probabilidades de seguir asistiendo a la escuela. Sus expectativas económicas y de salud son peores que las de las niñas que no se casan, lo que a la larga socava aún más la capacidad de un país para proporcionar servicios de salud y educativos de calidad.