Karla (nombre cambiado por protección) es madre de una niña. Ella no eligió tener un bebé; fue víctima de violencia sexual. No pudo denunciarlo en su momento, porque es una persona con discapacidad intelectual, su familia se enteró de la situación cuando se evidenció el embarazo; y no saben quién fue el agresor.

Karla tiene más de 20 años. Vive en un municipio del Valle Bajo del departamento de Cochabamba.

Los casos de agresión sexual hacia personas con discapacidad son parte escondida en las estadísticas. Existen casos que no se conocen a tiempo, porque las víctimas no pueden verbalizar la agresión. A veces, se hacen evidentes porque hay embarazo o una Infección de Transmisión Sexual (ITS).

UN ESTUDIO Durante el ‘Foro Nacional sobre Discapacidad y Trabajo: Un espacio para la Inclusión y la incidencia política’, desarrollado en octubre de este 2024, se expusieron, entre otros, los resultados de una encuesta de género realizada con el proyecto Increíbles, entre la organización Progettomondo y la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

El estudio se realizó en cinco municipios de Cochabamba: Tacopaya, Punata, Entre Ríos, Cercado y Sacaba. Un total de 108 personas con discapacidad respondieron a las preguntas. Se trata de personas mayores de 25 años, en su mayoría.

Las preguntas abordaron distintos tipos de violencia, la psicológica, la física, la económica y la sexual, todas en el ámbito familiar y el ámbito público.

Paquetes de vacaciones en familia

Los miembros del equipo de investigación evidenciaron que cinco de cada 10 personas respondieron que sufrieron algún tipo de violencia. De ellas, siete son mujeres (70%).

Los resultados hacen referencia a la violencia física (golpes, patadas, que atenta contra el bienestar físico), violencia psicológica (humillación, insultos y otros), violencia económica (usar el fruto, el trabajo de otra persona) y la violencia sexual (actos que vulneran los derechos sexuales de las personas, solicitud de videos o fotos íntimas, como nuevas formas de abuso sexual).

“Las mujeres son quienes sufren más violencia física y violencia sexual. En los hombres está presente la violencia física y psicológica, además de la económica”.

En lo específico de la violencia sexual, en el 100% de estos también hay violencia física y psicológica.

“Eso indica mucho sobre la vulnerabilidad a la que están expuestas esas personas que llegan a sufrir violencia sexual en su vida”.

Tres de cada 10 personas con discapacidad que fueron encuestadas respondieron que han experimentado algún tipo de violencia sexual; el 90% son mujeres.

Los investigadores deducen, una vez terminada la sistematización de los resultados, que las personas con discapacidad presentan doble vulnerabilidad en lo relacionado con la violencia.

“Son especialmente las niñas y las mujeres las que están más expuestas. Son más vulnerables a sufrir violencia sexual y violencia física”.

Se recalca que los agresores suelen ser personas del entorno cercano, como los familiares. Los casos de violencia en entornos públicos tienen un porcentaje muy bajo.

Remarcan que las autoridades, la comunidad, las instituciones que trabajan con las personas con discapacidad deben convertirse en una red de apoyo.

“A la hora de pedir ayuda, a la hora de denunciar, normalmente las personas con discapacidad recurren a amigos, a gente cercana, a gente que está trabajando con ellos”.

Dentro de la muestra de personas encuestadas, la mayoría corresponde a personas con discapacidad física e intelectual, seguida de discapacidad visual y auditiva.

“A veces la gente no quiere hablar del tema, porque lo ve como privado”.

Los datos reflejan la invisibilidad de la violencia de género hacia las personas con discapacidad.

Según el estudio, en los municipios más alejados de la ciudad de Cochabamba es donde más casos de violencia sexual se presentan hacia las personas con discapacidad. Estos datos coinciden con la información ofrecida por la Federación Cochabambina de Personas con Discapcidad (Fecopdis).

Algunos obstáculos y limitaciones para seguir procesos

Ante el registro de casos de violencia sexual hacia personas con discapacidad, existen obstáculos identificados y algunas limitaciones para seguir los procesos. De entrevistas con funcionarios de diferentes áreas, como recursos humanos, en el marco del estudio sobre género realizado con el proyecto Increíbles, los resultados indican que, si bien los funcionarios están conscientes de la vulnerabilidad, no tienen muy clara la intersección con los temas de género.

Consultados sobre las leyes y actividades de las personas con discapacidad, afirman que hay ferias y programas, pero no conocen todo.

En municipios alejados de la ciudad de Cochabamba, reconocen que el tiempo es limitado para que las autoridades puedan hacer seguimiento de casos.

Estos aspectos aumentan las dificultades para las personas con discapacidad. Por otro lado, la jefa de Seguimiento y Control de Casos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Cochabamba, Nidia Gutiérrez, expresó que personal de instituciones a cargo de estos temas tiene contratos de pocos meses, por lo que no se garantiza el seguimiento de las denuncias.

Similar situación tienen en el Programa Nacional de Servicios Sociales y Legales para Personas con Discapacidad (Pronassle). La secretaria de Hacienda de la Federación Cochabambina de Personas con Discapacidad (Fecopdis), Herminia Fernández, sostiene la necesidad de que los contratos sean de al menos un año.

“Solo son de tres meses. Que hagan las gestiones correspondientes y el contrato sea por lo menos un año, para que el trabajo que se tiene no se quede en nada, ni que haya un vacío en la víctima, porque después toca peregrinar y hasta hay revictimización”. Auguran que en 2025 la situación sea más estable.

CASOS Y DENUNCIAS La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) en Cochabamba tiene pocos casos de violencia sexual hacia personas con discapacidad.

La jefa de Seguimiento y Control de Casos de la FELCV, Nidia Gutiérrez, informó que por gestión registran entre uno y dos. Hizo referencia a una persona sorda y otra con discapacidad motriz, que hicieron denuncias el pasado año.

Entretanto, existen niñas y adolescentes con discapacidad que han sido víctimas de violencia sexual que están siendo atendidas en instituciones como la Fundación Una Brisa de Esperanza (FUBE).

La abogada de la FUBE, Carmen Arispe, explica que no existen estadísticas sobre este tipo de casos.

“En el Centro hemos conocido algunos casos de niñas, niños con discapacidad. Definitivamente, es una de las poblaciones más vulnerables. La víctima con discapacidad muchas veces ni siquiera puede relatar lo que ha sucedido. Hemos tenido casos de niñas que se han dado cuenta que han sido víctimas de violencia sexual porque ya tenían embarazos avanzados y, ante casos de muchas niñas, por ejemplo, como no pueden verbalizar las situaciones de violencia sexual, no tenemos la posibilidad de que ellas tengan acceso a la justicia”.

Reconoce la dificultad de trabajar con esta población ante estos delitos. Remarca la importancia de la preparación del personal y las herramientas adecuadas para brindar apoyo, “romper el silencio” y que sus voces sean tomadas en cuenta.

Para el abordaje con las menores de edad con discapacidad víctimas de violencia sexual, FUBE implementa maneras diversas.

“Cuando son niñas con discapacidad que tienen dificultad de hablar, tenemos los muñecos anatómicamente correctos, que ellas pueden utilizar y, a través de las señas o de la manipulación de los objetos, se podría obtener la información. Tenemos también niñas con discapacidad visual o con sordera; entonces, utilizamos traductores. Vemos algunos mecanismos para poder apoyar a estas niñas”.

ESTADÍSTICAS Y EL SILENCIO Arispe relaciona la falta de estadísticas con la dificultad de romper el silencio.

“Las niñas, muchas veces, no relatan nunca lo que ha sucedido, y son mucho más vulnerables porque definitivamente ellas no se van a poder defender, ni siquiera van a poder verbalizar una situación de violencia sexual”.

Relata que hay casos que fueron descubiertos porque la víctima tenía un embarazo avanzado o una ITS.

“Si no hubiera estos indicadores, tal vez esa familia jamás se hubiera enterado que esta niña estaba siendo víctima de violencia sexual”.

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En la actualidad, FUBE atiende a entre seis y siete víctimas de violencia sexual que tienen algún tipo de discapacidad.

El Artículo 308 Bis del Código Penal vigente contempla como un tipo penal autónomo la violación de infante, niña, niño o adolescente y además agrava todos los delitos contra la libertad sexual cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes. Este delito tiene sanción de cárcel.

La historia de esas niñas es similar a la de Karla, quien tiene discapacidad intelectual. Ella tiene más de 20 años. Vive en un municipio del Valle Bajo de Cochabamba. Fue víctima de violación, tuvo una hija y se desconoce quién es el agresor.

La secretaria de Hacienda de la Federación Cochabambina de Personas con Discapacidad (Fecopdis), Herminia Fernández, informa que conocieron casos graves de personas con discapacidad, entre niñas y mujeres adultas, mismos que se hacen seguimiento a través del Programa Nacional de Servicios Sociales y Legales para Personas con Discapacidad (Pronassle), dependiente del Ministerio de la Presidencia.

“En Cercado, no hemos visto muchos casos tan fuertes este año; pero, en otros municipios, sí hay. Como Fecopdis nosotros hemos visto esa vulneración de derechos, ese maltrato, incluso de parte de su misma familia”.

Dijo que conocieron casos de víctimas que tienen discapacidad intelectual y auditiva.

“Lamentablemente, nuestra justicia actúa de manera no adecuada. A veces, hay discriminación a nuestro sector. A veces, no les creen; o las propias familias, por temor de que ellos sean afectados, no denuncian; y queda impune”.

El caso de Karla caso fue conocido a través de la organización de personas con discapacidad de su municipio. Vive en el área rural.

“No sabe ella quién es el papá, no hay a quién acusar. La familia misma no sabe a quién acusar, a quién señalar y, al final, se queda así”, expresa Fernández.

En la actualidad, la familia de Karla se hace cargo de la niña.

UNA VOZ EXPERTA La abogada de la FUBE enfatiza la importancia de trabajar en coordinación con distintas instituciones para tratar y seguir estos casos.

“Tenemos que tener especialización en el manejo de casos con discapacidad, dependiendo de cada discapacidad, y coordinar con las instituciones que trabajan con esta temática. Hemos tenido instituciones que nos han apoyado bastante, que trabajan con discapacidad, especialmente en el tema de testificar en los juicios”.

Acota la necesidad de que las instancias que trabajan con personas con discapacidad, sobre todo si son menores de edad, les brinden espacios seguros, desde los físicos hasta los emocionales.

Este reportaje ha sido producido en el marco del Curso: Los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en la agenda, implementado por Católicas por el Derecho a Decidir, con el apoyo de UNFPA y KOICA.

Algunos obstáculos y limitaciones para seguir procesos

Ante el registro de casos de violencia sexual hacia personas con discapacidad, existen obstáculos identificados y algunas limitaciones para seguir los procesos.

De entrevistas con funcionarios de diferentes áreas, como recursos humanos, en el marco del estudio sobre género realizado con el proyecto Increíbles, los resultados indican que, si bien los funcionarios están conscientes de la vulnerabilidad, no tienen muy clara la intersección con los temas de género.

Consultados sobre las leyes y actividades de las personas con discapacidad, afirman que hay ferias y programas, pero no conocen todo.

En municipios alejados de la ciudad de Cochabamba, reconocen que el tiempo es limitado para que las autoridades puedan hacer seguimiento de casos.

Estos aspectos aumentan las dificultades para las personas con discapacidad.

Por otro lado, la jefa de Seguimiento y Control de Casos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Cochabamba, Nidia Gutiérrez, expresó que personal de instituciones a cargo de estos temas tiene contratos de pocos meses, por lo que no se garantiza el seguimiento de las denuncias.

Similar situación tienen en el Programa Nacional de Servicios Sociales y Legales para Personas con Discapacidad (Pronassle). La secretaria de Hacienda de la Federación Cochabambina de Personas con Discapacidad (Fecopdis), Herminia Fernández, sostiene la necesidad de que los contratos sean de al menos un año.

“Solo son de tres meses. Que hagan las gestiones correspondientes y el contrato sea por lo menos un año, para que el trabajo que se tiene no se quede en nada, ni que haya un vacío en la víctima, porque después toca peregrinar y hasta hay revictimización”.
Auguran que en 2025 la situación sea más estable.

PARA APUNTES:

Para denunciar Umadis o SLIM
Las víctimas de violencia sexual pueden hacer denuncias a través de las unidades municipales de atención a personas con discapacidad (Umadis). Si las alcaldías no cuentan con esta unidad, los casos pueden ponerse en conocimiento de los servicios municipales legales integrales (SLIM).

FECV

Estos casos también se pueden denunciar en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).
La jefa de Seguimiento y Control de Casos de la FELCV de Cochabamba explica que, al conocer casos de este tipo, se activan otras instituciones, como las Umadis, SLIM o la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en caso de menores de edad.
El trabajo psicosocial se deja en manos de estas instituciones. La Policía ve la parte investigativa. También remiten el caso a la Fiscalía.

Cabe aclarar que la FELCV atiende los casos por delitos que se presentan dentro del entorno familiar, hasta cuarto grado consanguíneo y segundo de afinidad.

FELCC

Cuando se trata de víctimas de personas que son ajenas al entorno familiar, se hace cargo del caso la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), ya sea a través de la División Menores y Familia o la División Personas.
Las víctimas pueden acercarse a cualquier unidad policial, y recibirán la guía para el proceso.

Pronassle – Fecopdis

Las víctimas pueden acudir al Pronassle, en oficinas de la Fecopdis. Estas oficinas están situadas en la Casa del Deporte, en la calle España casi Heroínas.

El abogado de Pronassle, Neyer Escobar Encinas, informa que no cuentan con un equipo multidisciplinario (con profesionales de trabajo social, psicología y derecho). Para la denuncia, es necesario el abordaje psicológico. Entonces, en esta institución reciben orientación.

“Nosotros, como programa, hacemos el seguimiento. Obviamente, también nos constituimos como parte querellante, como representantes de las personas con discapacidad”.