En febrero de este año, la corte constitucional de Colombia eliminó del código penal el delito de aborto (hasta la semana 24 de gestación), respondiendo a una demanda presentada por Causa Justa, punta de lanza de una amplia campaña social y jurídica de la que participaron más de 120 movimientos y miles de activistas.

Colombia se puso así "a la vanguardia de la región y del mundo", según la médica y activista feminista Ana Cristina González, una de las portavoces de Causa Justa.

La campaña, que se presentó en febrero de 2020, "fue resultado de una acumulación política nacional e internacional", que cambió "el debate público sobre el aborto en Colombia", y se convirtió en un "movimiento colectivo y articulado", dijo González en una reunión en Montevideo.

El aborto estuvo totalmente prohibido en Colombia hasta 2006, cuando un fallo de la corte constitucional, impulsado por varias de las activistas de Causa Justa, lo despenalizó bajo tres causales: peligro para la salud o la vida de la mujer, incompatibilidad del feto con la vida extrauterina y violación.

El mismo aire vanguardista de Colombia se respiró en Uruguay en 2012, cuando el país legalizó el aborto hasta la semana 12. Y otra vez se sintió en Argentina en 2020, cuando el congreso adoptó una ley que permite los abortos hasta la semana 14, tras una lucha de décadas. La "marea verde", por el color de los pañuelos de la campaña por aborto legal, seguro y gratuito, inspiró y energizó a toda la región.

Avances en Chile y México

Pero las fronteras de lo posible no dejan de estirarse en América Latina.

Apenas un mes después del fallo colombiano, la convención constitucional de Chile - que está redactando una nueva carta magna - aprobó (por amplia mayoría) un artículo que consagra los derechos sexuales y reproductivos como fundamentales y garantizados por el estado. Esos derechos incluyen el aborto.

El artículo establece que «todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos [que comprenden, entre otros] el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción».

Además, agrega, el Estado garantizará el ejercicio de esos derechos "sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural", y "asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos».

El aborto se prohibió totalmente en Chile por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1999), y solo desde 2017 se permite en casos de violación, inviabilidad fetal y riesgo de vida para la mujer.

Si la nueva constitución es aprobada por voto popular en septiembre, Chile puede convertirse en el primer país del mundo en dar rango constitucional al derecho al aborto.

El año pasado, la corte suprema de México declaró inconstitucional la penalización absoluta del aborto e invalidó una ley federal que permitía al personal de salud negarse a realizar abortos por "objeción de conciencia".

Este fallo significa que ninguna mujer puede ir a la cárcel por abortar, sienta jurisprudencia y presiona a los estados para que legalicen el aborto.

De hecho, siete estados mexicanos ya legalizaron el aborto voluntario en las primeras 12 semanas de gestación, cinco de ellos en el último año y medio: Ciudad de México (2007), Oaxaca (2019), Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima (2021) y Sinaloa (2022).

Hoy podemos decir que 37 % de la población de América Latina y el Caribe, que asciende a 652 millones de personas, vive en países donde las mujeres ganaron el derecho al aborto legal o a no ser encarceladas por abortar (incluyendo también a Cuba, Guyana y Puerto Rico). Hace cinco años la proporción era de menos de 3%.

Nada de esto hubiera sido posible sin el activismo, las redes feministas, las movilizaciones, la discusión sobre la autonomía de las mujeres.

Además, gracias a los avances de la medicina y a la innovación feminista, la mortalidad por aborto no ha dejado de caer.

Entre 2005 y 2012, la tasa de tratamiento por complicaciones de abortos inseguros disminuyó en un tercio, según el Instituto Gutmmacher, que reconoce que el uso del fármaco misoprostol "se volvió más común en toda la región" y "parece haber aumentado la seguridad de los procedimientos clandestinos".

¿Innovación feminista? Fueron las feministas latinoamericanas las que detectaron, en la década de los años 90, que el misoprostol era efectivo y seguro para interrumpir embarazos. Hoy, es un fármaco recomendado por la Organización Mundial de la Salud y adoptado por los sistemas de salud de muchos países.

Fueron ellas también las que instauraron una jornada de lucha - el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro - que hoy se observa en todo el mundo cada 28 de septiembre.

Queda mucho por hacer

Pero incluso con este notable progreso, millones de personas aún conviven con una realidad horrenda. El aborto está completamente prohibido en El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam. En El Salvador, las mujeres pueden sufrir condenas de hasta 50 años por un aborto espontáno o por parir un mortinato.

En Belice, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, el aborto se permite solo en circunstancias muy limitadas - por lo general cuando está en riesgo la salud o la vida de la mujer. Belice y Bolivia también consideran penurias económicas y familiares y, junto con Brasil y Panamá, la violación y defectos fetales severos.

Las niñas y las mujeres violadas son obligadas a parir no solo en los países con prohibición absoluta, también en Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela. En Ecuador, donde el parlamento aprobó el aborto en casos de violación, el presidente Guillermo Lasso vetó parcialmente la ley.

Hay poca esperanza de que se relajen las restricciones al aborto en América Central, pero el próximo gran cambio podría ocurrir en el país más poblado, Brasil, con 212 millones de habitantes.

Allí solo se permite interrumpir un embarazo en casos de violación, riesgo de salud para la mujer o anencefalia del feto, y la práctica es obstaculizada por el propio gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro, que moviliza a grupos de fanáticos para hostigar a las mujeres y al personal de salud.

Pero Brasil tendrá elecciones en octubre, y el actual favorito, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, dijo hace poco que está de acuerdo en legalizarlo.

Tal como dijo González, de Causa Justa, una democracia no es plena cuando la mitad de la población carece de libertad de decidir sobre sus cuerpos y sus vidas - no otra cosa es la criminalización del aborto.

Se trata, en definitiva, de una lucha por la libertad y por una democracia verdadera.

Del otro lado de esta batalla, hay intentos poderosos y coordinados para hacer retroceder los derechos sexuales y reproductivos que tanto costó alcanzar, no solo en América Latina, sino en todo el mundo.

Esta reacción incluye redes internacionales y bien financiadas para desinformar y manipular a las mujeres y para promover prácticas, no aprobadas y potencialmente peligrosas, entre ellas un 'tratamiento' para 'revertir' abortos con medicamentos - ambas reveladas en investigaciones de openDemocracy.

Hay también ejércitos de abogados bien pagados y entrenados por grupos conservadores internacionales para litigar o hacer lobby contra los derechos de las mujeres. Esos son los mismos grupos que trazaron una detallada agenda para terminar con el derecho constitucional al aborto en EEUU.

Cada vez parece más posible que el movimiento antiabortista tenga éxito allí y empuje a las mujeres estadounidenses hacia un mundo aterrador de atraso, persecución y abortos clandestinos e inseguros - un mundo en el que sus hermanas latinoamericanas han vivido durante décadas.

Pero en este momento los antiabortistas están perdiendo en América Latina. Y nosotras estamos ganando.

‍