Un investigador de la organización Human Rights Watch (HRW) abordó el caso de la niña de 11 años que resultó embarazada en Yapacaní para retratar las vulneraciones que sufren las mujeres y niñas que buscan el acceso a un aborto legal. En un texto publicado en el diario El País de Madrid solicitó plantea que el gobierno boliviano proteja los derechos de las mujeres.
El artículo del investigador para las Américas de la HRW, César Muñoz, inicia con el caso de la niña de 11 años, que refleja el calvario que ella vivió para que se aplique la normativa del aborto legal y sentenció que este no es un caso aislado.
Aunque la legislación boliviana prevea el aborto legal en casos de violación, incesto o para proteger la vida de la madre, “las mujeres y niñas que intentan obtener abortos legales en dichas circunstancias frecuentemente sufren estigma, maltratos y revictimización”, explicó y señaló que las instituciones públicas fallan en dar el apoyo necesario.
Muñoz citó un informe de la Defensoría del Pueblo que indica que el 90% del personal sanitario, en 44 hospitales públicos, no conocían las circunstancias en la que se podía proceder a un aborto legal y “a menudo exigen, incorrectamente, que las mujeres y niñas deben primero obtener una orden judicial, lo cual la legislación boliviana no contempla”.
El texto indica que en 2016 se realizaron 60 mil abortos ilegales, mientras que los registros oficiales dan cuenta que se realizaron 62 abortos ese año. “El aborto inseguro es la tercera causa más común de mortalidad materna en Bolivia”, estableció.
El investigador escribió un artículo en el que concluye que gobierno boliviano debe tomar medidas y asegurar que el sistema de salud esté preparado para dar atención en salud sexual y reproductiva, incluyendo abortos seguros.
“Como mínimo, debería garantizar el acceso al aborto legal conforme al derecho vigente sin discriminación, estigma, influencia indebida o demoras innecesarias”, escribió.
Para Muñoz, “nadie debería tener que vivir una pesadilla para interrumpir un embarazo”.