Según datos del Servicio Nacional de Información en Salud (SNIS), en 2021 se registraron en el país más de 38 mil embarazos en niñas y adolescentes, lo que equivale a un promedio de 105 por día; en tanto, en menores de 15, hubo 2.329 gestaciones, un promedio de 6 por día. La mayoría de estos casos fue por violencia sexual.

El embarazo adolescente e infantil es una de las cinco amenazas contra la vida, la salud y el desarrollo de las niñas y adolescentes bolivianas, identificadas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), hace un llamado para extremar esfuerzos para erradicarlas. La gestación temprana pone en riesgo la vida y salud de las menores, con consecuencias que afectan su desarrollo.

El embarazo adolescente e infantil, así como la maternidad temprana, configuran uno de los mayores desafíos sociales, políticos y económicos para los países en desarrollo, entre ellos Bolivia. El UNFPA menciona que cuando una menor se convierte en madre, sus derechos sexuales y reproductivos, y el acceso a la salud, educación, entre otros, se ven vulnerados a corto plazo, con consecuencias a mediano y largo plazo.

El UNFPA indica que cuando niñas y adolescentes quedan embarazadas "hay una gran probabilidad de que queden atrapadas en un círculo de pobreza y exclusión, que las afectará principalmente a ellas, pero que también limitará las oportunidades de sus hijos y, de forma agregada, dada la magnitud del embarazo precoz en el país, afecta a su entorno social"

El UNFPA pide que se garantice el derecho de las niñas y adolescentes a un desarrollo pleno, con información y sistemas de protección eficaces, con servicios municipales que cuenten con el personal y los recursos necesarios para la atención con oportunidad, calidad y calidez, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva.

La violencia sexual contra niñas y adolescentes es, en muchos de los casos, la causa del embarazo precoz. En 2021, la Fiscalía registró 2.007 casos de violación de infante, niño, niña o adolescente; es decir, 167 por mes, 5 por día. La pandemia por Covid-19 ha demostrado que las menores corren riesgo en sus propios hogares, porque los perpetradores son familiares o personas cercanas al entorno familiar.

Esto se debe, según el UNFPA, a que los agresores sexuales muchas veces no reciben el castigo legal contemplado en la ley. El caso de Richard Choque Flores, asesino, feminicida y violador serial, destapó un severo problema de corrupción en el sistema judicial que impide que las víctimas encuentren justicia. El hombre fue favorecido por un juez con detención domiciliaria pese a tener una sentencia ejecutoriada de 30 años por feminicidio.

Choque salió del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz un 24 de diciembre de 2019. Apenas estuvo libre, creó un perfil falso en Facebook y, desde esa cuenta, contactó a 77 mujeres, entre ellas, dos adolescentes dadas por desaparecidas en 2021 y halladas el pasado 24 de enero enterradas en una habitación de la casa que ocupaba en la zona Ballivián de El Alto.

El hecho generó la indignación social, por lo que se creó una comisión de revisión de casos de violaciones y feminicidios. Son 171 hechos irregulares identificados hasta la fecha, mediante los que se favoreció con salidas a privados de libertad de todo el país que tenían una sentencia ejecutoriada, muchos de ellos por violación de niñas y adolescentes.

UNFPA identifica el acceso a una justicia real y pronta como uno de los aspectos urgentes que el país demanda. Pero, es importante que esa reforma considere una perspectiva de género para que los casos de violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres sean sancionados adecuadamente; sin revictimización, ni prejuicios o estereotipos de género en la valoración de los casos.

UNFPA hace un llamado a la sociedad y al Estado para desnaturalizar estas formas de violencia y prácticas nocivas contra niñas y adolescentes, involucrando en los procesos de prevención a los hombres, impulsando la construcción de nuevas masculinidades positivas, no machistas, no violentas.