Response to COVID 19
The U.S. State Department published its report on human rights practices in Bolivia in the year 2022 and, among other things, points out that in some of the country's prisons men and women share dormitories, resulting in rape and sexual abuse against women.
El problema fue más agudo en las 20 prisiones urbanas. “Hombres y mujeres compartieron dormitorios en el Penal de Morros Blancos en Tarija, el Penal de Montero en Santa Cruz, el Penal de Riberalta en Beni y el Penal de Oruro en Oruro. En otras instalaciones, hombres y mujeres tenían dormitorios separados pero se mezclaban todos los días”, dice parte del informe de Estados Unidos.
Después se refiere a los delitos. “Las reclusas sufrían acoso y agresión sexual de manera regular, y algunas se vieron obligadas a pagar tarifas de extorsión para evitar ser violadas. Los observadores notaron violaciones rampantes y otras formas de violencia de género y una cultura del silencio que reprimía la denuncia de violencia de género por temor a represalias”.
El documento enumera detenciones arbitrarias, torturas, muestra también preocupación por la falta de independencia de la justicia y las restricciones a la libertad de expresión.
Según los datos de la Dirección de Régimen Penitenciario que puso recabar el gobierno de Estados Unidos, las instalaciones penitenciarias tenían una capacidad combinada para 6.765 personas, pero a partir de marzo de 2022, la población carcelaria era de 20.864 reclusos.
Sobre la salud de los privados de libertad, el informe señala que un médico atendía a los presos en cada prisión dos veces al mes. “Aunque los servicios médicos eran gratuitos, las prisiones rara vez tenían medicamentos a la mano. Prevalecían las dermatosis y la tuberculosis debido al hacinamiento de los dormitorios y la falta de medicamentos. Las mujeres embarazadas encarceladas carecían de acceso a servicios obstétricos”.
La violencia en las cárceles
El documento del Departamento de Estado señala contundentemente que la violencia en las cárceles y centros de detención era “omnipresente” debido a la inadecuada seguridad interna. “Los abusos perpetrados por funcionarios penitenciarios incluyeron intimidación sistemática, violación, maltrato psicológico, extorsión, tortura, tráfico sexual y amenazas de muerte. Hubo denuncias de violaciones y agresiones sexuales cometidas por las autoridades y por otros reclusos”.
También se refiere a la corrupción dentro de los penales. “La capacidad de un preso para pagar sobornos a menudo determinaba la seguridad física, el tamaño de la celda, los privilegios de visita, la capacidad de asistir a las audiencias judiciales, la elegibilidad para el pase de un día y el lugar y la duración del encierro”.
Explica que los reclusos podían comprar un traslado al centro de rehabilitación, un centro de detención recién construido con mejores condiciones de vida. Pero también, de acuerdo con los testimonios de los reclusos y de las ONG se llegó a la conslución de que el número de policías era insuficiente para escoltar a los reclusos a sus audiencias. “Los directores de prisiones a menudo no tomaron medidas para trasladar a los reclusos a sus audiencias, lo que exacerbó las demoras. En ocasiones, la policía exigió sobornos a cambio de otorgar a los reclusos el derecho a asistir a sus propias audiencias”.
Los medios independientes informaron que las denuncias de corrupción contra la policía eran comunes. Los reclusos dijeron que los guardias extorsionaron dinero para que los reclusos recibieran bienes.