El 99,3 % de los casos de violencia doméstica quedan en la impunidad en Bolivia por rechazos, abandono o sobreseimiento de las denuncias, alertaron este martes activistas que se manifestaron contra la reforma a la ley contra la violencia machista planteada por senadores oficialistas que consideran que esa norma es "antihombres".

La Red contra la Violencia a las Mujeres Cochabamba, que reúne a 22 instituciones, incluyó esta información en un pronunciamiento que rechaza la propuesta de un grupo de senadores del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) para reformar la 'Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia', o Ley 348.

"El 99,3 % de los procesos por violencia intrafamiliar queda en la impunidad por rechazos, abandonos y sobreseimientos. Entonces, cuando existe una impunidad de ese tamaño, ¿podemos seguir sosteniendo que la Ley 348 es antihombres?", cuestionó la red.

El colectivo precisó que "en solo siete días, siete mujeres bolivianas han sido asesinadas por sus esposos, novios, exparejas, hijos y vecinos", después de que el presidente del Senado, el oficialista Andrónico Rodríguez, dijera que la Ley 348 es "antihombres" y que "ha destruido familias".

"Fue como si sus palabras alentaran a los violentos a perpetrar una ola de feminicidios, o como si el mismo sistema patriarcal, que aún impera en Bolivia, le demostrara lo equivocado que está", señalaron las activistas.

La red sostuvo que "los verdaderos destructores de las familias son la violencia y el feminicidio", y no la ley, y que esto se puede comprobar preguntando sobre la violencia vivida a los 1.080 niños y adolescentes que han quedado huérfanos por feminicidio desde la aprobación en 2013 de la norma.

Además defendió que la ley "no es antihombres, sino antiviolencia" y que sólo lleva a los violentos a prisión en casos de feminicidio, tentativa de feminicidio o lesiones gravísimas.

Con datos de la Fundación Construir, el colectivo sostuvo que solamente el 0,7 % de los casos de violencia doméstica llega a una sentencia y que ese porcentaje de sentenciados no va a prisión, "sino que cumple sanciones disciplinarias alternativas como el arresto de fin de semana, una multa o trabajos comunitarios simbólicos".

Además ratificó el reclamo constante de varias organizaciones feministas de que la ley no se cumple plenamente por falta de presupuesto y de recursos humanos, "pese a que la violencia es el delito más denunciado en Bolivia".

Las activistas consideraron que pretender "menospreciar o restarle valor al testimonio de la víctima en los casos de violencia intrafamiliar y sexual" supone un "descomunal retroceso en el escaso avance" logrado por el país respecto a la revictimización.

"En lugar de modificar la Ley 348 y presumir que todas las mujeres mienten, hay que mejorar el sistema de justicia para que no exista manipulación de ésta ni de ninguna otra ley", sentenciaron y exigieron que Rodríguez "se retracte de sus declaraciones" y que "vele por el pleno cumplimiento" de la norma.

La semana pasada, el Gobierno de Luis Arce pidió al Legislativo evitar los "retrocesos" en los avances conseguidos con la aplicación de la ley y consideró que una reforma a la misma "debiera ser para avanzar y no para evadir la Justicia" mediante la impunidad.