La entidad de protección de derechos humanos advirtió en un comunicado de prensa que "varias instituciones" como la Fiscalía, el Poder Judicial y las defensorías de la niñez y adolescencia, dependientes de los municipios, "han omitido el deber de adoptar medidas particulares y especiales" en las investigaciones de estos casos.

La Defensoría recordó los datos de la Fiscalía boliviana que indican que hubo 1.318 casos de violaciones a menores en el primer semestre del año, que se suman a los 2.092 que se reportaron el año pasado y los 1.651 de 2020.

Se trata de una problemática "compleja, multicausal y multifacética", aseveró la organización en la nota, difundida con motivo del Día Nacional de Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales y en contra de la Violencia Sexual en Niñas, Niños y Adolescentes.

En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo también alertó sobre los "vacíos y debilidades" en la coordinación con los sistemas de protección a menores cuando los casos de violencia sexual llegan a los sistemas de salud.

Ante ello, la entidad exhortó a que se apliquen "intervenciones integrales, oportunas y multidisciplinarias" cuando se presentan hechos de agresiones sexuales a menores de edad.

Entre las recomendaciones que plantea está la elaboración de indicadores de acceso a la justicia, el registro de casos detectados, la cantidad de denuncias, el detalle de las resoluciones judiciales de absolución o condena de los agresores, además de la tasa de impunidad en delitos contra los menores de edad.

En su labor de prevención, la Defensoría del Pueblo afirmó que entregó a varios municipios "materiales de aplicación directa" para atender estos casos, como guías de detección o contención emocional, entre otros recursos.

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