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Apuñalada, desangrada y en el olvido. Así murió Noelia, una mujer trans de 21 años de edad, el pasado 30 de abril en un hostal de la ciudad de Oruro. Fue víctima del odio de su agresor, un adolescente de tendencias homofóbicas que planeó el crimen días antes de siquiera conocerla. Su cuerpo fue encontrado dos días después del crimen. La sociedad no notó su ausencia, así como no aceptó su vida.
“Su cuerpo sin vida estuvo dos días dentro de su habitación. Solo la encontraron porque era hora de cobrarle el alquiler. Hasta cuándo vamos a morir así”, afirma una de sus compañeras.
El caso de Noelia es solo uno de los, al menos, 21 transfeminicidios -de 28 crímenes de odio- registrados en los últimos 15 años en Bolivia. Los datos se desprenden de las estadísticas del Observatorio de los Derechos LGBT y una revisión de los reportes de prensa hecha por Visión 360 para esta nota.
“Cuando hablamos de un crimen en el que hubo gran violencia y odio, también hablamos de un mensaje a la población LGBTIQ+ de que no pueden vivir”.
Stephanie Llanos de Adesproc
Pero estos solo son los casos corroborados. En la memoria colectiva de la población lesbiana, gay, bisexual, transgénero y queer (LGTBIQ+), las cifras de quienes fueron asesinadas por prejuicios a su identidad sexual superan las 70. Y es que el Estado como tal no tiene una base de datos oficial.
“Estos datos no se tienen desagregados por orientación o por identidad ni en el Ministerio Público, la Fiscalía, la Policía u otra entidad estatal. Por eso tenemos el Observatorio”, afirmó Stephanie Llanos, de la Asociación de Desarrollo Social y Promoción Cultural (Adesproc) Libertad GLBT.
Al igual que Noelia, en 2020 Gabriela, de 19 años, fue asesinada en un alojamiento de El Alto, con una violencia extrema. El asesino le propinó 19 puñaladas, con tal saña que no le dio oportunidad alguna. Escapó del lugar sin dejar evidencias.
Oriunda de Beni, Gabriela llegó a La Paz en busca de una oportunidad. Como muchas, huía de un entorno que la rechazaba por ser ella misma.
Un caso anterior a la muerte de Gabriela también ocurrió en El Alto en diciembre de 2018, cuando la mujer trans Litzy Hurtado fue asesinada en una discoteca. Primero recibió agresiones de un grupo de hombres y finalmente fue apuñalada por uno de ellos con un destornillador que la hirió de muerte.
Varios países de la región no cuentan con información sobre la situación social de la población trans. Por este motivo, en 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a los gobiernos, incluido el boliviano, recolectar información estadística sobre la violencia ejercida contra las personas LGBT.
Los pocos datos obtenidos señalan que una de las formas más extremas del estigma y discriminación es la violencia social e institucional. Si bien es un mal que afecta a toda la población, las personas trans lo sufren en forma desproporcionada, por ser víctimas de crímenes de odio y por la impunidad en la que estos quedan.
“Desde 2018 hacemos informes nacionales sobre la vulneración de derechos humanos de la población trans en Bolivia. Lamentablemente hemos visto una cantidad de denuncias muy alta. Solo este año hemos visto dos crímenes de odio. Vivimos en un contexto de violencia y desprecio, sobre todo en el caso de las mujeres trans”, explica Moira Andrade, directora general de la Red Trebol de Bolivia y referente nacional para la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans.
33% de la población LGTBIQ+, que participó en la primera encuesta virtual, señaló no contar con ninguna cobertura en salud, con las mujeres trans las más afectadas.
Afirma que hay una ausencia de parte del Estado y de las autoridades e incumplimiento de las leyes establecidas en los últimos años. Esto hace que esta población no acceda a salud, educación, trabajo o justicia plena, puesto que los crímenes de odio y los diferentes tipos de violencia quedan en la impunidad.
Transfeminicidios
El 9 de noviembre de 2016, tras el asesinato de Dayana a manos de su pareja (Santa Cruz), miembros de la población LGTBIQ+ protagonizaron una serie de protestas. En las marchas exigieron que los asesinatos a mujeres trans sean tipificados como feminicidios, en respeto a su identidad.
El caso de Dayana es uno de los más crueles y en los que hay negligencia de las autoridades. Pese a que su pareja le robó, la torturó y la degolló, tras una revisión del cuerpo, convirtieron el caso de feminicidio en un “homicidio por celos”.
Y es que cuando la Policía levantó su cuerpo calificaron el crimen como un feminicidio, pero en la autopsia notaron que si bien tenía senos, sus genitales masculinos aún estaban presentes. Pese a su identidad de género se afirmó que se trataba de un hombre y que la figura no correspondía.
“Cuando se encuentra a una persona sin vida, para identificarla, se basan únicamente en la parte genital. Por eso, para nosotras, uno de los desafíos más grandes es tener acceso a la justicia”, sostiene Llanos.
En coincidencia, desde la Defensoría del Pueblo, Paola Tapia, jefa de la Unidad de Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad y Diversidades Sexuales, afirma que no se cuenta con datos oficiales porque las autoridades no registran a las víctimas respetando su identidad de género. Indica que se basan en los documentos de identidad oficiales (cédula de identidad), los que muchas veces no registran la identidad con la que las víctimas vivían o eran conocidas.
“Además, la mayoría de estos casos no llegan a condena o siquiera a imputación formal en contra de los autores. Quedan en el olvido o el archivo por parte del Ministerio Público. Podemos citar algunos casos que quedaron hasta la fecha sin justicia: Alessandra Ferreti, Santa Cruz (2021), Gabriela Ramírez El Alto (2020), Litzy Hurtado El Alto (2018)”, sostiene.
Un segundo intento para conseguir la tipificación de feminicidio se hizo en 2021, luego del asesinato de Alessandra en un alojamiento de Cochabamba. Hace poco había llegado de Santa Cruz, era víctima de discriminación y no podía encontrar trabajo. Entonces se dedicó a lo único donde le abrieron las puertas, el trabajo sexual. Una mañana sus compañeras la encontraron sin vida en su habitación, fue asfixiada con el cable de una secadora de pelo.
Vanos fueron los intentos de obtener justicia bajo la tipificación de feminicidio.
“Este asesinato (el de Noelia) es un feminicidio, el tercero en Oruro en lo que va de 2024”, declaró el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales.
Para la comunidad LGBTIQ+ este reconocimiento es muy importante. Por primera vez se podría conseguir que el asesinato de una mujer trans sea tipificado como un feminicidio.
“A la fecha solo dos casos de todos los crímenes de odio en contra de la población LGTBIQ+ tienen sentencia, ambos por homicidio. En el caso de Noelia, en Oruro, sí se investiga por feminicidio, pero aún no hay sentencia. En este caso los medios y las autoridades respetaron su identidad de género”, dice Llanos.
Para Andrade si bien hay la figura de feminicidio, es lamentable que no se pueda tener una sentencia en la que se plasme la figura de transfeminicidio. Esto, a su parecer, visibilizaría la situación de esta población.
“Debemos seguir pidiendo políticas públicas y denunciar la ausencia del Estado”, asevera consciente de que aún les queda una lucha muy larga.
Desde la Defensoría del Pueblo, Tapia menciona que para evitar la impunidad es necesario que los operadores de justicia cumplan con su trabajo, libres de estereotipos o sesgos.
“Debemos contar con jueces, fiscales y policías que entiendan y comprendan las afectaciones a los derechos humanos con los que se enfrentan las personas LGBTI. Se debe respetar la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas, dejarlas de registrar como ‘hombres vestidos de mujer’ y comprender que las mujeres trans también pueden ser víctimas de hechos de violencia machista que puede conllevar a arrebatarles la vida”, afirma.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en general, el ejercicio de derechos de las personas LGBTI en Bolivia aún está muy rezagado. Se afirmó que persisten brechas de desigualdad de esta población respecto al resto.
En la gestión pasada, la Defensoría del Pueblo presentó los resultados de la primera encuesta virtual que se realizó a la población LGBTI en el país, que abordó 11 temáticas.
“Por ejemplo, el 33% de la población que fue encuestada señaló no contar con ninguna cobertura en salud, siendo la población más afectada la de las mujeres trans”, manifestó Paola Tapia, jefa de la Unidad de Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad y Diversidades Sexuales.
Lamentablemente la mayor cantidad de personas participantes señalaron que no conocen los requisitos ni procedimientos para adscribirse al SUS. Ello conlleva a que esta población se encuentre desprotegida e invisibilizada de las estadísticas oficiales del Estado en materia de salud.
8 normas fueron puestas en vigencia en 15 años. Desde la Ley 807 de Identidad de Género, hasta la 348 y la 045 Contra el racismo y toda forma de discriminación.
“Otro tema de urgente atención es la situación del derecho a la educación en la población. El 28% de la población participante tiene como máximo logro educativo el bachillerato y un 5% no concluyó la secundaria”, dijo.
El 39,7% de la población encuestada señaló que no se encontraba realizando ningún tipo de actividad educativa. El principal motivo es la falta de recursos económicos. Estas limitantes económicas les obligan a recurrir al trabajo sexual como forma de sustento.
Asimismo, un 53% señalaron haber sido víctimas de algún hecho de discriminación durante el último año.
“Por ello la Defensoría del Pueblo considera que el Estado debe establecer medidas afirmativas diferenciadas que incentiven o mejoren las condiciones de vida de esta población”, indicó Tapia.