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Bolivia ha registrado en los últimos 10 años 4.804 matrimonios de adolescentes entre los 16 y 17 años, mientras que las uniones de niñas de 12 a los 15 años suman 487, además de 458.246 embarazos de menores de edad, según el informe 'Sueños Interrumpidos' que ha presentado la Defensoría del Pueblo.
El estudio toma como margen los matrimonios que se reportaron en el Servicio de Registro Cívico (Serecí) entre 2017 y septiembre de 2023, que establece que de los 4.804 matrimonios adolescentes "el 38 % son de adolescentes de 16 años y el 62 % de adolescentes de 17 años".
Mientras que están registrados "487 matrimonios de niñas de 12 años y adolescentes de 13, 14 y 15 años", a pesar de que en el país está vigente desde 2014 una ley que establece los 16 como la edad mínima para la formalización de estas uniones.
La entidad defensora de derechos humanos también ha reportado que entre 2015 y septiembre de 2023 se registraron "458.246 embarazos en niñas y adolescentes mujeres" con una "clara tendencia de disminución" en el último tiempo.
El informe señala que la mayor cantidad de embarazos de menores en Bolivia entre los 12 a 14 años se produjeron en 10 municipios que registraron al menos 35 de esos casos en 2022. La mitad en jurisdicciones rurales como Riberalta, Guayaramerín y San Borja, en Beni, y Montero y San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz.
Los municipios con más embarazos de niñas y adolescentes son Santa Cruz (428), Trinidad (144) y Riberalta (79). También, el informe destaca que en San Javier, en Beni, los embarazos de niñas entre 10 y 14 años representan el 40 % de los nacimientos.
Ante esto, la Defensoría del Pueblo recomienda que los municipios más afectados hagan una "reasignación de presupuestos" para conseguir una disminución de estos casos y orienten a su población "sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo".
El aborto en Bolivia tiene pena de cárcel salvo en casos de embarazos por violación sexual o si la vida de la mujer corre peligro, si bien para interrumpir la gestación se requería una orden judicial que podía demorar meses en salir.
En 2014, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que estableció que no es necesaria esa autorización judicial y que basta con una copia simple de la denuncia de violación o un informe médico, según corresponda, para acceder a la interrupción de la gestación.
Las organizaciones feministas reclaman que Bolivia tenga una ley sobre derechos sexuales y reproductivos para garantizar la salud y la vida de niñas y mujeres.