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La audiencia abierta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del caso Beatriz vs El Salvador se ha convertido en un proceso que abre esperanzas de que ese y otros países de América Latina anulen o al menos atenúen las severas leyes que penalizan el aborto en todas sus formas.
Eso sucederá si la Corte IDH así lo establece en su fallo sobre si el Estado de El Salvador violó, entre otros, los derechos a la salud de Beatriz, como se conoce a la demandante. Ella buscó en 2013 que se le interrumpiera el embarazo porque era de riesgo y su vida corría peligro.
Pero se le realizó tardíamente, provocándole afectaciones a una salud ya deteriorada y eso, según los demandantes, eventualmente la llevaría a su muerte, en octubre de 2017.
La audiencia sobre el emblemático caso se realizó el miércoles 22 y el jueves 23 en la sede de la Corte, en San José de Costa Rica. El caso de Beatriz toma como precedentes otros similares: el de la salvadoreña Amelia, la dominicana Esperanza y la nicaragüense Amelia.
Los siete jueces escucharon los alegatos de los demandantes, de los representantes del Estado salvadoreño y de los testigos de ambas partes.
Tras la audiencia, las partes tienen 30 días para entregar los alegatos por escrito y después los magistrados se tomarán varios meses para debatir y llegar a una resolución.
La audiencia abierta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Beatriz vs El Salvador. Es la primera ocasión en que se juzga la penalización absoluta del aborto y cuya sentencia tendrá implicaciones para América Latina, una región especialmente restrictiva en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Foto: Corte IDH
Un caso histórico
“Espero que al final se restablezca el nombre de mi hija, y que lo que le pasó a ella no le vuelva a pasar a ninguna otra mujer”, dijo la madre de Beatriz en el estrado, en su declaración como testigo. El nombre de la progenitora no fue revelado en la Corte.
La audiencia ha acaparado la atención internacional porque se considera histórico para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la región del mundo especialmente restrictiva en la práctica de abortos.
“Será el primer caso donde la Corte se pronunciará sobre la prohibición absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo, en particular en torno al riesgo para la salud y cuando existe una inviabilidad del feto”, señaló al tribunal Julissa Mantilla Falcón, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), al establecer los hechos del caso.
Fue a esa instancia a la que se abocó Beatriz cuando la Sala Constitucional de El Salvador le negó, el 11 de abril de 2013, un amparo en el que ella pedía se le practicara la interrupción del embarazo.
El 19 de abril, la Comisión estableció medidas cautelares a favor de Beatriz, y el 27 de mayo 2013 solicitó la adopción de medidas provisionales a la Corte IDH, que el Estado debía cumplir.
En su Informe de Fondo, de noviembre de 2020, la CIDH estableció que el Estado salvadoreño era responsable por la afectación desproporcionada a varios derechos de Beatriz, al no brindarle un tratamiento médico oportuno debido a las leyes que criminalizan el aborto.
La CIDH identificó el impacto desproporcionado que esa legislación genera en mujeres y niñas salvadoreñas, en especial las pobres.
La Comisión consideró que no existía expectativa de cumplimiento integral por parte del Estado de las recomendaciones del informe, y por ello envió el caso a la Corte IDH, la que ahora, tras diez años, está a meses de resolver.
Por su parte, Anabel Recinos, de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, una de las organizaciones salvadoreñas codemandante en el caso, afirmó a IPS que se tiene la esperanza de que la sentencia de la Corte IDH siente jurisprudencia en el tema.
Y para el caso, dijo que espera que el organismo establezca que en El Salvador y en la región es necesario cambiar las leyes en el tema de la interrupción del embarazo.
Además de El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana son los países de la región con una prohibición absoluta del aborto en sus códigos penales. Solo en cinco es legal, mientras en el resto la interrupción del embarazo solo se permite en algunos supuestos.
“O al menos se permita por causales o excepciones, como salvaguardar la salud y vida, o la incompatibilidad de la vida fuera del útero”, acotó Recinos.
Unos 20 países latinoamericanos han reconocido la competencia contenciosa de la Corte IDH: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname y Uruguay.
La Comisión y la Corte conforman el sistema interamericano supranacional de los derechos humanos, actúan como órganos independientes y en el caso de la Corte sus sentencias son inapelables y de obligado cumplimiento, aunque en ocasiones eso no suceda.
“Espero que al final se restablezca el nombre de mi hija, y que lo que le pasó a ella no le vuelva a pasar a ninguna otra mujer”: madre de Beatriz.
Recinos habló con IPS afuera de una sala de la Universidad de El Salvador, en la capital del país, donde decenas de personas se reunieron para presenciar en una enorme pantalla la audiencia, transmitida en vivo desde San José.
La activista añadió que es muy probable que la Corte condene al Estado salvadoreño, porque el tribunal podría refrendar el análisis y las conclusiones a las que ya llegó la Comisión.
El tribunal está integrado por los jueces Ricardo Pérez Manrique (Uruguay), Humberto Sierra Porto (Colombia), Eduardo Ferrer Mac Gregor (México) y Rodrigo Mudrovitsch (Brasil), así como por las juezas Nancy Hernández López (Colombia) y Verónica Gómez (Argentina).
En marzo de 2003 Beatriz solicitó un aborto durante su segundo embarazo, porque padecía de lupus, una afectación del sistema inmunológico que tiende a dañar órganos vitales, y preeclampsia, que es un aumento peligroso de la presión arterial durante el periodo de gestación, entre otras dolencias.
Su vida estaba, pues, en riesgo. Además, el feto presentaba malformaciones y no iba a vivir mucho al nacer.
Sin embargo, el personal médico, aunque estaba consciente de que la interrupción del embarazo era lo que procedía, para salvarle la vida a Beatriz, no la atendió con celeridad, precisamente por el temor a ser procesados penalmente.
Beatriz fue obligada a continuar con un embarazo que le seguía perjudicando su salud a medida que pasaban los días.
Pero luego de que la Corte IDH otorgó las medias provisionales, Beatriz fue sometida a una cesárea, para extraerle el feto, el 3 de junio de 2013, casi tres meses después de haberlo solicitado.
La criatura, que nació con anencefalia, sin parte del encéfalo y el cráneo, murió cinco horas después.
Misoginia estatal
Desde 1998 El Salvador, un país centroamericano de 6,7 millones de habitantes, es el más drástico de la región en la persecución del aborto y castiga con penas de hasta 30 años a las mujeres que interrumpan su embarazo, en todos los casos, incluso cuando la vida y la salud de las mujeres están en riesgo o en caso de violación.
Esta legislación afecta principalmente a mujeres pobres, en la zona rural. Según datos de organizaciones de derechos de las mujeres, 181 casos de ese tipo han sido judicializados desde 2019.
Guillermo Ortiz, médico ginecólogo y obstetra, especialista en embarazos de alto riesgo, en su calidad de testigo, aseguró en el estrado de la Corte: “Sí, vi a muchas mujeres morir porque no tuvieron oportunidad de acceder a un procedimiento de aborto seguro, a pesar de yo haberlo solicitado”.
En su intervención, la madre de Beatriz dijo que la interrupción del embarazo era lo que habían recomendado los muchos médicos que atendieron a su hija, pero, de nuevo, ellos no se animaban a practicarle una cesárea para extraer el feto, por el miedo a ser encarcelados.
“Le dijeron a mi hija que ellos no podían, porque en El Salvador eso es un delito, y si lo hacían podían ir presos”, afirmó la madre.
Agregó: “El Estado le falló dos veces a Beatriz”, señaló la madre, tras lo cual rompió en llanto.
Se refería a la interrupción del embarazo que no se le practicó con celeridad, pese a los varios padecimientos de salud. Y también, a un accidente de motocicleta que la joven, de 22 años, sufrió posteriormente.
“Tuvo un accidente, no era para morir, ella iba estable” cuando la ingresaron al hospital de Jiquilisco, un municipio del departamento de Usulután, en el este del país
Pero hubo una tormenta que provocó una inundación en algunas áreas de ese centro médico, y entonces la trasladaron al hospital de Usulután, el municipio que es la capital del departamento.
“Ahí la doctora que la atendió ni sabía qué era lupus”, señaló. En ese lugar pescó una neumonía.
El testimonio de ella y de todos los demás declarantes en la audiencia ha sido seguido de cerca en El Salvador y en otras naciones, por parte de organizaciones feministas y de derechos humanos que han venido monitoreando y criticando la legislación salvadoreña en materia de aborto.
Abortar en Bolivia sigue siendo un calvario según atestiguan organizaciones feministas y las propias mujeres que alguna vez se han tenido que someter a ello incluso amparadas dentro de uno de los causales de despenalización recogidos en el Código Penal: violación, incesto, malformaciones fetales graves, y cuando la vida de la madre está en peligro. Fuera de estos casos, el aborto es considerado un delito penal y puede llevar a penas de prisión tanto para la mujer que se somete al aborto como para la persona que lo realiza.
Después de la aprobación de la Ley 348 y tras un arduo trabajo de los colectivos y activistas se logró una sentencia constitucional, la 206 de 2014, donde se reglamenta el procedimiento y se confirma que la mujer puede acogerse a los derechos y someterse al aborto en un centro médico sin necesidad de contar con una sentencia del Juez que acredite la condición del aborto legal, pues esta condición hacía que se retrasara la operación y en la mayoría de los casos lo hiciera inviable.
A pesar de la sentencia, el sistema no ha mejorado sustancialmente, pues una gran mayoría de médicos se declaran objetores de conciencia para no practicarlo, y aunque en el mismo texto se señala que el Centro Médico está obligado a proveer un profesional que practique la operación, no siempre es viable.
En los últimos años, ha habido varios casos que han reavivado el debate sobre el aborto en Bolivia. En 2017, una adolescente de 14 años fue violada por su padrastro y quedó embarazada. A pesar de que la ley boliviana permite el aborto en casos de violación, los médicos se negaron a realizar el procedimiento, lo que provocó indignación y protestas en todo el país. En 2021, el caso de una joven mujer con discapacidad mental que fue violada y quedó embarazada también generó un gran debate sobre el aborto en Bolivia. A pesar de ello nada ha cambiado.
En 2018 se intentó ampliar los causales de aborto a través de la modificación del Código Penal sin debate suficiente en la sociedad. Una movilización popular acabó por tumbar el proyecto que no fue repuesto. Actualmente se contempla el aborto hasta las 8 semanas, que lo hacen en demasiadas ocasiones impracticable.