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Era inconcebible, cinco años atrás, que un país conservador como Colombia eliminara el delito de aborto del código penal (hasta la semana 24 de embarazo). O que el católico y neoliberal Chile se aprestara a votar una constitución que consagra los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el aborto voluntario.
En febrero de este año, la corte constitucional de Colombia eliminó del código penal el delito de aborto (hasta la semana 24 de gestación), respondiendo a una demanda presentada por Causa Justa, punta de lanza de una amplia campaña social y jurídica de la que participaron más de 120 movimientos y miles de activistas.
Colombia se puso así “a la vanguardia de la región y del mundo”, según la médica y activista feminista Ana Cristina González, una de las portavoces de Causa Justa.
La campaña, que se presentó en febrero de 2020, “fue resultado de una acumulación política nacional e internacional”, que cambió “el debate público sobre el aborto en Colombia”, y se convirtió en un “movimiento colectivo y articulado”, dijo González en una reunión en Montevideo.
El aborto estuvo totalmente prohibido en Colombia hasta 2006, cuando un fallo de la corte constitucional, impulsado por varias de las activistas de Causa Justa, lo despenalizó bajo tres causales: peligro para la salud o la vida de la mujer, incompatibilidad del feto con la vida extrauterina y violación.
El mismo aire vanguardista de Colombia se respiró en Uruguay en 2012, cuando el país legalizó el aborto hasta la semana 12. Y otra vez se sintió en Argentina en 2020, cuando el congreso adoptó una ley que permite los abortos hasta la semana 14, tras una lucha de décadas. La “marea verde”, por el color de los pañuelos de la campaña por aborto legal, seguro y gratuito, inspiró y energizó a toda la región.
Avances en Chile y México
Pero las fronteras de lo posible no dejan de estirarse en América Latina.
Apenas un mes después del fallo colombiano, la convención constitucional de Chile – que está redactando una nueva carta magna – aprobó (por amplia mayoría) un artículo que consagra los derechos sexuales y reproductivos como fundamentales y garantizados por el estado. Esos derechos incluyen el aborto.
El artículo establece que «todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos [que comprenden, entre otros] el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción».
Además, agrega, el Estado garantizará el ejercicio de esos derechos “sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural”, y “asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos».
El aborto se prohibió totalmente en Chile por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1999), y solo desde 2017 se permite en casos de violación, inviabilidad fetal y riesgo de vida para la mujer.
Si la nueva constitución es aprobada por voto popular en septiembre, Chile puede convertirse en el primer país del mundo en dar rango constitucional al derecho al aborto.
El año pasado, la corte suprema de México declaró inconstitucional la penalización absoluta del aborto e invalidó una ley federal que permitía al personal de salud negarse a realizar abortos por “objeción de conciencia”.
Defensa Entre 2005 y 2012, la tasa de tratamiento por complicaciones de abortos inseguros disminuyó en un tercio
Este fallo significa que ninguna mujer puede ir a la cárcel por abortar, sienta jurisprudencia y presiona a los estados para que legalicen el aborto.
De hecho, siete estados mexicanos ya legalizaron el aborto voluntario en las primeras 12 semanas de gestación, cinco de ellos en el último año y medio: Ciudad de México (2007), Oaxaca (2019), Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima (2021) y Sinaloa (2022).
Hoy podemos decir que 37 % de la población de América Latina y el Caribe, que asciende a 652 millones de personas, vive en países donde las mujeres ganaron el derecho al aborto legal o a no ser encarceladas por abortar (incluyendo también a Cuba, Guyana y Puerto Rico). Hace cinco años la proporción era de menos de 3%.
Nada de esto hubiera sido posible sin el activismo, las redes feministas, las movilizaciones, la discusión sobre la autonomía de las mujeres.
Además, gracias a los avances de la medicina y a la innovación feminista, la mortalidad por aborto no ha dejado de caer.
Entre 2005 y 2012, la tasa de tratamiento por complicaciones de abortos inseguros disminuyó en un tercio, según el Instituto Gutmmacher, que reconoce que el uso del fármaco misoprostol “se volvió más común en toda la región” y “parece haber aumentado la seguridad de los procedimientos clandestinos”.
¿Innovación feminista? Fueron las feministas latinoamericanas las que detectaron, en la década de los años 90, que el misoprostol era efectivo y seguro para interrumpir embarazos. Hoy, es un fármaco recomendado por la Organización Mundial de la Salud y adoptado por los sistemas de salud de muchos países.
Fueron ellas también las que instauraron una jornada de lucha – el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro – que hoy se observa en todo el mundo cada 28 de septiembre.
Queda mucho por hacer
Pero incluso con este notable progreso, millones de personas aún conviven con una realidad. El aborto está completamente prohibido en El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam. En El Salvador, las mujeres pueden sufrir condenas de hasta 50 años por un aborto espontáneo o por parir un mortinato.
En Belice, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, el aborto se permite solo en circunstancias muy limitadas – por lo general cuando está en riesgo la salud o la vida de la mujer. Belice también considera penurias económicas y familiares y, junto con Brasil y Panamá, la violación y defectos fetales severos.
Las niñas y las mujeres violadas son obligadas a parir no solo en los países con prohibición absoluta, también en Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela. En Ecuador, donde el parlamento aprobó el aborto en casos de violación, el presidente Guillermo Lasso vetó parcialmente la ley.
Hay poca esperanza de que se relajen las restricciones al aborto en América Central, pero el próximo gran cambio podría ocurrir en el país más poblado, Brasil, con 212 millones de habitantes.
Allí solo se permite interrumpir un embarazo en casos de violación, riesgo de salud para la mujer o anencefalia del feto, y la práctica es obstaculizada por el propio gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro, que moviliza a grupos de fanáticos para hostigar a las mujeres y al personal de salud.
Brasil tendrá elecciones en octubre, y el actual favorito, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, dijo hace poco que está de acuerdo en legalizarlo, aunque en las últimas semanas se ha acercado a los colectivos cristianos, que mantienen férrea oposición.
A finales de 2018 el ejecutivo mandó a la Asamblea Plurinacional un proyecto de Ley para actualizar el Código Penal. En su articulado se incluía una ligera modificación al vigente, aprobado durante la dictadura de Hugo Banzer y que ya incorporó el riesgo para la madre, para el feto y la violación, aunque solo se podía interrumpir hasta las ocho semanas. La modificación del gobierno de Evo Morales no ampliaba el tiempo pero sí incluía una condición ciertamente subjetiva, como la pobreza, además de la preexistencia de otros hijos. El objetivo declarado era y darle más oportunidades a la mujer para poder planificar su situación familiar, sin embargo, furiosas marchas acabaron por derogar el proyecto de Ley y Bolivia quedó sin renovar el Código Penal.
El asunto no ha vuelto a discutirse ni en el marco legislativo ni en el ejecutivo, ni siquiera con la última polémica levantada a cuenta del embarazo de una niña de 12 años que había sido violada y que finalmente fue interrumpido legalmente pese a los esfuerzos de ciertos sectores para evitarlo.
La Corte Suprema de EE.UU. podría estar a punto de acabar con el derecho constitucional al aborto a nivel nacional, de acuerdo a un borrador de opinión mayoritaria de los nueve jueces.
El medio Politico publicó este lunes el texto del juez Samuel Alito en que se define como "error flagrante" una histórica decisión emitida por la propia Corte Suprema en 1973 que lleva por nombre Roe vs Wade.
El máximo tribunal confirmó este martes que el documento filtrado es auténtico, pero aclaró que no representa una decisión de la Corte ni la postura final de ninguno de sus miembros sobre los asuntos del caso.
Una filtración así no tiene precedentes en la historia moderna del más alto tribunal estadounidense y está generando un enorme revuelo en el país.
El magistrado jefe de la Corte, el juez John Roberts, calificó la filtración como una "atroz ruptura de la confianza" y ordenó que se abra una investigación.
El presidente de EE.UU., Joe Biden, emitió un comunicado este martes como reacción a la filtración, antes de que la Corte confirmara la autenticidad del documento, en el que dijo:
"Creo que el derecho de la mujer a decidir es fundamental. Roe ha sido legislación nacional durante casi 50 años, y una justicia básica y la estabilidad del derecho de nuestro país demandan que no sea revocada. Estaremos listos cuando se emita cualquier fallo", subrayó.
"Si la Corte revoca Roe vs Wade, recaerá sobre nuestros cargos electos en todos los niveles de gobierno proteger el derecho de una mujer a decidir. Y recaerá sobre los votantes elegir a políticos favorables a ese derecho".
Qué dice el borrador
Se espera que los jueces emitan su dictamen sobre este caso a comienzos de julio. De acuerdo a Politico, se trata de un primer borrador y no es raro que durante estos procesos de redacción los jueces cambien de opinión.
"Roe (vs Wade) fue un error flagrante desde el inicio", se lee en el documento del magistrado Alito. "Consideramos que debe ser anulada", agrega.
"Ha llegado el momento de acatar la Constitución y devolver el asunto del aborto a los representantes elegidos por el pueblo", añade
Si finalmente es esa la opinión de un tribunal que cuenta con mayoría de jueces conservadores, supondría el fin del aborto como derecho constitucional, por lo que los estados podrían prohibirlo por completo o restringirlo.
La filtración de una decisión del Supremo sobre un tema tan controvertido y aún en discusión es un hecho sin precedentes en la historia reciente de EE.UU.
El aborto ha sido legal en EE.UU. desde que en 1973 el Supremo dictaminara que el Estado no tiene derecho a intervenir en la decisión de la mujer sobre su embarazo.
En la última década, numerosos estados liderados por conservadores han aprobado normas que violan abiertamente esos parámetros, con el objetivo declarado de conseguir que el Supremo revisara y anulara el precedente de hace casi medio siglo.