The Minister of the Presidency, María Nela Prada, informed this Saturday that President Luis Arce has sent to the Legislative Assembly a bill declaring that crimes against sexual freedom of children and adolescents are not subject to statute of limitations and left for legislative debate the retroactive nature of these sexual abuses.

Durante una conferencia de prensa desde la Casa Grande del Pueblo, la ministra presentó el proyecto de ley en el contexto de múltiples denuncias de supuestos abusos sexuales, supuestamente cometidos por el sacerdote español Alfonso Pedrajas (+), miembro de la Compañía de Jesús, mientras era profesor en varios colegios de la orden, sobre todo en el Colegio Juan XXIII de Cochabamba, entre 1960 y 2008.

Estos datos habrían sido escritos por el mismo autor su libro diario que fue publicado por el matutino español El País y que generó un amplio debate sobre casos de pederastia. En medio de la polémica, la ministra Prada apareció dando a el proyecto de ley y haciendo votos para que la Asamblea Legislativa otorgue la celeridad necesaria para su aprobación.

Explicó que la propuesta establece la imprescriptibilidad de todos los delitos sexuales tipificados en el artículo 11avo del Código Penal, cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes, lo que significa que en adelante estos delitos sean investigados y juzgados cualquiera sea la fecha en que se ha cometido, de modo que los culpables, sean castigados, añadió la autoridad.

También plantea la modificación de los delitos tipificados en los artículos 308, violación, 308 bis violación de infante, niña, niños y adolescente, ampliando la protección penal desde el Estado a favor de las víctimas para actuar de manera coordinada entre todas las instituciones para buscar y aplicar justicia en favor de las víctimas.

El proyecto de ley establece mecanismos de lucha contra la impunidad, dispuesta por la Ley N° 1152 (servicio médico gratuito) y ratificada por la Constitución Política que obliga al Estado a brindar asistencia legal a objeto de garantizar el acceso efectivo a la justicia proporcionando de manera gratuita patrocinio legal, facilitación y acompañamiento, tratamiento psicológico y psiquiátrico con perspectiva de género y niños y asistencia médica.