IPS/Redacción Central

Unas 39.000 mujeres mueren cada año como resultado de los 25 millones de abortos inseguros que se practican en el mundo, informó este miércoles 9 la Organización Mundial de la Salud (OMS) al presentar una nueva guía para ayudar a ese tipo de atención crucial para las mujeres y las niñas.

“Casi todas las muertes y lesiones que resultan del aborto inseguro son totalmente prevenibles. Por eso recomendamos que las mujeres y las niñas puedan acceder a los servicios de aborto y planificación familiar cuando los necesiten”, dijo Craig Lissner, director interino de Salud e Investigación Sexual y Reproductiva de la OMS.

La mayoría de los decesos ocurren en países de renta baja; 60 % en África y 30 % en Asia.

La OMS ha explicado que el aborto es un procedimiento sencillo y seguro cuando se realiza con un método adecuado para la etapa del embarazo, y por una persona con la información y capacitación necesarias.

“Lamentablemente, solo la mitad de las intervenciones de este tipo practicadas en el planeta cumplen con estas condiciones, provocando así decenas de miles de muertes y millones de mujeres hospitalizadas por complicaciones”, se indicó.

Con el fin de acabar con los procedimientos inseguros, las nuevas directrices de la OMS incluyen la práctica clínica, la prestación de servicios de salud, y las intervenciones legales y políticas para respaldar la atención del aborto de calidad.

El organismo de las Naciones Unidas, basado en esta ciudad suiza, ofrece asistir a los Estados interesados en la implementación de las directrices y el fortalecimiento de las políticas y programas de anticoncepción, planificación familiar y servicios de interrupción del embarazo.

Las más de 50 recomendaciones que componen la guía se basan en evidencia científica y centran los servicios en las necesidades de la persona atendida.

Entre esas pautas destacan las intervenciones simples en el nivel de atención primaria que mejoran la calidad de la atención del aborto, como son garantizar el acceso a las píldoras abortivas y ofrecer información precisa a las mujeres que la requieran.

Incluyen también recomendaciones para el uso de la telemedicina, una herramienta que ha ayudado a respaldar el acceso a los servicios de aborto y planificación familiar durante la pandemia covid-19.

Junto con las directrices clínicas y de prestación de servicios, la OMS recomienda eliminar las barreras políticas médicamente innecesarias para el aborto seguro, como la penalización, los tiempos de espera obligatorios, el requisito de que terceros den la aprobación, y los límites de tiempo para realizar un aborto.

Esas barreras “causan retrasos críticos en el acceso al tratamiento y colocan a las mujeres y niñas en mayor riesgo de sufrir abortos inseguros, estigmatización y complicaciones de salud, además de que aumentan las interrupciones en la educación y en la capacidad para trabajar”, destacó la OMS.

Un panorama desigual

Aunque la mayoría de los países permiten la interrupción voluntaria del embarazo en circunstancias específicas, unas 20 naciones lo consideran ilegal en cualquier caso.

Asimismo, más de 75 % de los países imponen sanciones legales que pueden incluir largas penas de prisión o multas muy altas para las personas que se someten o ayuden con el procedimiento.

Los países y territorios de América Latina y el Caribe donde se ha legalizado ese derecho o despenalizado el aborto son Argentina, Colombia, Cuba, Guayana Francesa, Guyana, México (en siete de sus 32 entidades federales), Puerto Rico y Uruguay.

La responsable de la Unidad de Prevención del Aborto Inseguro de la OMS, Bela Ganatra, dijo que “es imperativo que este procedimiento sea médicamente seguro, pero también debe respetar las decisiones y necesidades de las mujeres y las niñas, y garantizar que se les trate con dignidad y sin estigmas ni juicios”.

Las pruebas muestran que restringir el acceso no reduce el número de abortos que se practican. Al contrario, cuando existen restricciones, las mujeres y niñas recurren a procedimientos inseguros con resultados a menudo trágicos, según Ganatra.

Especificó que en los países con más restricciones, sólo 25 % de los abortos se practican en condiciones seguras, mientras que en aquellos donde el procedimiento es legal, los abortos seguros llegan a 90 %.

“La evidencia es clara: si desea prevenir embarazos no deseados y abortos inseguros, se debe ofrecer a las mujeres y niñas un paquete integral de educación sexual, información y servicios precisos de planificación familiar, y acceso a servicios de aborto de calidad”, concluyó Ganatra.

El caso argentino

“Es muy desigual y arbitrario el acceso al aborto en la Argentina. No hay todavía en la práctica un derecho universal; la legalización no cambió mágicamente las cosas”, dice a IPS, por teléfono desde Neuquén, Ruth Zurbriggen, quien evidencia los obstáculos y las arbitrariedades que todavía encuentran frecuentemente las mujeres para acceder al derecho al aborto en el vecino país, donde se legalizó en enero de 2021.

Zurbriggen, maestra de profesión, forma parte de Socorristas en Red, una organización formada por casi 60 colectivos de activistas feministas de todo el país, que dan información y acompañan a las mujeres que deciden abortar.

“Hay muchos médicos que no están de acuerdo con la legalización y que no hacen lo que la ley dice. Por eso nosotras ya tenemos identificados los centros de salud donde hay profesionales amigables con quienes quieren abortar”, explica Zurbriggen.

El aborto estuvo durante casi un siglo incluido en el Código Penal argentino. Si bien ya en 2005 decenas de organizaciones lanzaron la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito para promover la despenalización, el debate parecía hasta hace pocos años excluido de la agenda política: se presentaban decenas de proyectos, pero ninguno superaba el trámite parlamentario necesario para habilitar la votación en el Congreso Nacional.

Todo cambió abruptamente en 2018, cuando –en medio de masivas manifestaciones populares a favor y en contra-, el tema llegó al recinto legislativo. Entonces, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa y el Senado la rechazó ajustadamente. En un segundo intento, la despenalización del aborto fue aprobada por los legisladores el 30 de diciembre de 2020 y entró en vigencia el 24 de enero de 2021.

Hoy la ley 27.610 establece el derecho al aborto gratuito para todas las mujeres que cursen hasta la semana 14 de gestación, sin que se le puedan preguntar los motivos. El derecho no tiene límite temporal para aquellas embarazadas cuya vida o salud esté en riesgo o hayan sido víctimas de violación, que son las causales de aborto no punible que ya regían con anterioridad a la ley.

Desde la entrada en vigencia de la ley y hasta el 30 de noviembre pasado, en el sistema público de salud se realizaron 32.758 abortos, según informó el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que promueve la realización de abortos por las dos formas señaladas como seguras por la Organización Mundial de la Salud (OMS): con medicamentos o a través aspiración manual endouterina (AMEU).

“Es muy pronto para analizar los números, pero lo que tenemos que valorar es que son 32.758 mujeres que no se murieron en un aborto clandestino o no tuvieron que seguir adelante con una gestación que no querían”, dice Celeste McDougall, docente e integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Bolivia y el paso en falso del Código Penal

En Bolivia el aborto sigue siendo un delito, aunque existen causales de despenalización incluidas ya en el Código Penal heredado de la dictadura de Hugo Bánzer. Se trata de los casos de violación y riesgo vital para madre o feto. La salvaguarda es que se tolera hasta las 8 semanas, aunque a este respecto a emitido jurisprudencia el Tribunal Constitucional indicando que se debe permitir el aborto por estas circunstancias, aunque pase ese tiempo.

En muchas ocasiones se denuncia que no existen quien practique la interrupción legal del embarazo a pesar de la normativa, por lo que se recuerda a los centros hospitalarios que deben conseguir quien haga al margen de la objeción de conciencia.

En 2018 se intentó modificar y ampliar los supuestos de despenalización del aborto, incluyendo variantes socioeconómicas y de planificación familiar, modificando el artículo en el código penal, sin embargo, fuertes movilizaciones acabaron por tumbar aquel proyecto y la figura se mantuvo.

Colombia, el último país en dar “luz verde”

El fallo de la Corte Constitucional de Colombia del 21 de febrero de 2022 que despenaliza el aborto durante las primeras 24 semanas de un embarazo fue saludado como un logro histórico por organizaciones defensoras de los derechos humanos.

“Celebramos este fallo como una victoria histórica del movimiento de mujeres colombianas que han luchado durante décadas por el reconocimiento de sus derechos”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para el hemisferio en AI.

La Corte, con cinco votos a favor y cuatro en contra, despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación, y lo mantuvo como materia penal para el resto del embarazo, excepto en los casos de violación, malformación del feto o riesgo para la vida de la madre.

El fallo respondió a una demanda que introdujo y alentó desde 2020 Causa Justa, una coalición de 90 organizaciones y grupos promotores de los derechos de la mujer.

Causa Justa “no tiene ninguna duda de que este gran logro ha sido el resultado de un enorme trabajo colectivo, de mujeres y organizaciones a lo largo de país”, celebró la médica Ana Cristina González, una de las conductoras de la coalición.

Para la abogada Mariana Ardila, representante en Colombia de la organización Women’s Link Worldwide, que impulsa el derecho al aborto, el fallo “es histórico, y pone a Colombia a la vanguardia en toda América Latina”.

La “marea verde” que impulsa el derecho al aborto en la región ha cosechado éxitos recientes en Argentina y México. Los países y territorios de la región donde se ha legalizado ese derecho o despenalizado el aborto son Argentina, Colombia, Cuba, Guayana Francesa, Guyana, México, Puerto Rico y Uruguay.

En otros países hay un abanico de causales con relación a la penalización del aborto, y está prohibido sin excepciones en los códigos penales de El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.

Guevara Rosas dijo que “después de la legalización del aborto en Argentina el año pasado y la reciente despenalización en México, este fallo es otro ejemplo más del impulso imparable de la marea verde en América Latina”.

Insistió en que “las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar son las únicas que deben tomar decisiones acerca de sus cuerpos. Ahora, en lugar de castigarlas, las autoridades colombianas tendrán que reconocer su autonomía sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida”.

Según oenegés y medios locales, en Colombia, de 51 millones de habitantes, se registran al año hasta 400 000 abortos, y menos de 10 % se realizan en instalaciones con todas las garantías sanitarias, por lo que la interrupción voluntaria del embarazo es la cuarta causa de mortalidad materna en el país.

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