En la casa de Adriana, una joven de 20 años, nadie sabía que iba a someterse a un aborto. Sus padres se enteraron poco antes de que falleciera a causa de una perforación de útero y una severa infección, consecuencia de un procedimiento mal realizado.

Adriana, cuyo nombre se ha cambiado por respeto a su privacidad, llegó al Servicio de Emergencias del Hospital Materno Infantil Germán Urquidi en diciembre de 2023 con un suero y una bata, lo que hizo suponer que había sido atendida previamente en otro lugar, posiblemente clandestino, ya que no tenía una hoja de referencia propia de un nosocomio. Su estado de salud era crítico.

El director del hospital, Antonio Pardo, informó en ese entonces que Adriana tenía el útero perforado, lesiones intestinales y una sepsis irreversible al llegar al Germán Urquidi, lo que resultó en su fallecimiento.

La joven era una estudiante universitaria y su familia desconocía su embarazo. Fue el novio de la víctima quien informó a los médicos que una semana antes se había realizado un aborto, sin revelar detalles sobre el lugar donde se llevó a cabo. A pesar de los esfuerzos del personal médico, no fue posible salvarla.

En Bolivia, donde el aborto es ilegal, salvo en casos de riesgo para la vida, salud física, social o mental, incesto, estupro o violación -y a veces también es complicado acceder en estos casos-, Adriana decidió tomar la decisión por su cuenta y se practicó un aborto en condiciones de riesgo.

Los “abortos inseguros” se constituyen en la tercera causa de mortalidad materna en el país y afectan principalmente a mujeres de escasos recursos económicos. Según datos del IPAS, cada año se llevan a cabo entre 40.000 y 60.000 abortos a nivel nacional, lo que supone más de 160 abortos diarios. Sin embargo, estas cifras no reflejan la realidad, ya que muchos casos se realizan en la clandestinidad, lo que genera un subregistro de la información.

Como es el caso de Mercedes, una joven de 19 años cuyo nombre ha sido cambiado para cuidar su identidad. Ni sus padres ni sus hermanos están al tanto de que ella decidió interrumpir un embarazo. La mañana de octubre en la que tomó esta decisión, se encontraba sola en su hogar, ya que sus familiares estaban ocupados en el trabajo o estudiando. Aunque la soledad le brindaba cierto grado de privacidad, también representaba un riesgo, ya que en caso de complicaciones no tendría auxilio inmediato.

Mercedes descubrió su embarazo una semana antes de decidir interrumpirlo. Confundida y sin saber qué hacer, habló con su novio y juntos acordaron terminar con el embarazo. Fue su pareja quien se encargó de conseguir las pastillas de misoprostol en una farmacia.

Después de tomar las pastillas, Mercedes experimentó fuertes contracciones, dolores abdominales y un sangrado intenso con coágulos. Sin embargo, la expulsión no fue completa y tuvo que acudir a la farmacia en busca de ayuda. Allí le administraron una inyección que finalizó el procedimiento, aunque la joven desconoce el tipo de medicamento que le fue administrado.

El caso de Mercedes no está registrado en las estadísticas, ya que no llegó a un centro de salud para recibir atención médica. A diferencia de otras dos jóvenes de 19 y 22 años, que viajaron desde Potosí hasta Cochabamba en busca de atención médica por abortos incompletos entre febrero y marzo de este año.

La primera mujer acudió a un curandero que le hizo ingerir alcohol para supuestamente “sacar el mal que tenía dentro”, lo que la llevó a ser ingresada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Como consecuencia, sufrió quemaduras internas y una infección severa. La otra joven, por su parte, ingirió varias pastillas abortivas a los dos meses de embarazo, lo que desencadenó una hemorragia severa y la necesidad de someterse a una limpieza uterina.

Según Pardo, estas prácticas clandestinas pueden provocar infecciones graves e incluso la muerte. En Bolivia, el aborto está penalizado con privación de libertad de hasta seis años tanto para quienes realizan el procedimiento, con o sin el consentimiento de la mujer, como para la propia mujer.

Estas restricciones legales no detienen la práctica del aborto, sino que simplemente empujan a las mujeres a recurrir a métodos clandestinos y peligrosos, arriesgando su salud y su vida, y enfrentando la amenaza de ser encarceladas.

Un claro ejemplo de esto son los datos proporcionados por el Ministerio Público, que revelan que desde el 1 de enero hasta el 15 de mayo de este año se han reportado 80 casos relacionados con el delito de aborto en todo el país. De estos casos, 46 fueron clasificados como aborto, 1 como aborto culposo, 28 como aborto forzado, 3 como aborto preterintencional, 1 como aborto seguido de lesión o muerte y 1 como práctica habitual del aborto.

Comparando estas cifras con la gestión anterior, se observa un ligero aumento, con 16 casos más reportados en el mismo periodo. En la gestión pasada, se habían atendido 64 casos, con 38 de ellos clasificados como aborto, 15 como aborto forzado, 6 como aborto preterintencional, 4 como aborto culposo y 1 como aborto seguido de lesión o muerte.

Un caso particularmente destacado fue el de una pareja en Sucre, que fue sentenciada por aborto en octubre de 2022. Aunque fueron condenados a dos años de privación de libertad, el perdón judicial les permitió evitar la cárcel.

Otra historia complicada a causa del mal manejo judicial del aborto en el país es el de José, un médico general que una tarde cualquier recibió en su consultorio en Cochabamba a una mujer que sufría una hemorragia severa y solicitaba su ayuda urgente. Él la atendió, o al menos pudo disminuir el sangrado y calmarla un poco antes de derivarla a otro hospital donde inmediatamente llamaron a la Policía para reportar un caso de aborto clandestino.

Acusado por la supuesta práctica ilícita, José pasó más de un año recluido en el penal de San Antonio buscando probar su inocencia. En silencio y para sí mismo, rogaba que aquella mujer a la que brindó ayuda reconozca ante las autoridades que se practicó el procedimiento con otra persona; sin embargo, la misma se resistía a brindar declaraciones hasta que fue imposible sostener la falsa versión.

Finalmente, las investigaciones revelaron que la joven se había practicado un aborto clandestino y en malas condiciones con ayuda de un primo suyo, un estudiante de medicina de primer año, que fue aprehendido, hasta donde se supo sobre el caso.

En Bolivia, el aborto solo se puede llevar en ciertas circunstancias establecidas en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014. Las mujeres, niñas o adolescentes pueden solicitar una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) si existe un riesgo para su vida o si el embarazo es resultado de incesto, estupro o violación. Sin embargo, el pedido de este procedimiento sigue enfrentando obstáculos debido al desconocimiento de la normativa, la criminalización, la objeción de conciencia médica, las diferencias en la edad gestacional, la detección tardía del embarazo u otros factores.

Un ejemplo es el caso de una adolescente, de 17 años, en el Trópico de Cochabamba, quien reveló hace siete meses haber sido obligada a abortar dos veces de forma clandestina como resultado de violaciones perpetradas por su propio padre biológico. Tras denunciar el hecho, su agresor fue puesto en detención preventiva en el penal de El Abra.

Este caso no es único y el porcentaje de ILEs en víctimas de violación sigue siendo bajo en Bolivia.

Según el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, con datos obtenidos del Sistema Nacional de Información en Salud – Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, en Bolivia se llevaron a cabo 1.376 Interrupciones Legales del Embarazo (ILEs) en 2023. Del total, 854 (62%) fueron realizadas por riesgo de salud de la madre, 228 (17%) por malformaciones congénitas y 294 (21%) por violencia sexual.

En cuanto a esta última causa, se reportó que el 83% de las pacientes eran mujeres de hasta 19 años, el 12% tenía entre 20 y 34 años, y el 5% restante estaba en el rango de 35 a 49 años.

Solo en Cochabamba, según la información proporcionada por Rossemary Grágeda, responsable de la unidad de Niño, Niña, Escolar y Adolescente del Servicio Departamental de Salud (SEDES), se llevaron a cabo 248 ILEs en niñas y adolescentes de 10 a 19 años de edad entre enero y julio de 2023, lo que equivale a una intervención cada 21 horas.

De estos casos, 13 correspondieron a niñas de 10 a 14 años, mientras que 235 a adolescentes de 15 a 19 años. En 2022, se registraron en promedio 15 a 16 embarazos en adolescentes cada día, y se estima que en 2023 hubo un aumento del 14 al 15% en esta cifra. Sin embargo, solo alrededor del 8% de las adolescentes embarazadas en Cochabamba accedieron a una ILE.

Ante esta problemática, la legalización del aborto es parte de un anteproyecto de ley de Derechos Sexuales y Reproductivos en Bolivia, con el objetivo de evitar la muerte de mujeres debido a prácticas clandestinas, según la senadora Virginia Velasco. Ella hace un llamado a eliminar el “tabú” y enfrentar la realidad del país. El proyecto también incluye medidas de prevención para evitar embarazos no deseados, promover el uso de anticonceptivos, prevenir la violencia obstétrica y brindar una atención integral.

Profesionales de la salud señalan que los abortos realizados en condiciones seguras tienen una probabilidad muy baja de complicaciones, lo que resalta el peligro de las prácticas inseguras y clandestinas que pueden causar infecciones y perforaciones uterinas, poniendo en riesgo la vida de las mujeres. La ilegalidad del aborto lleva a algunas mujeres a no buscar ayuda médica en caso de complicaciones, mientras que el comercio ilegal continúa lucrando a costa de la salud y la vida.

La facilidad con la que se pueden encontrar referencias sobre lugares de venta de la pastilla para el aborto con un simple click en internet es preocupante. En el Marketplace, por ejemplo, se pueden hallar mensajes como “Embarazo no deseado”, “aún estás a tiempo. Si tu método anticonceptivo falló y necesitas abortar, infórmate y decide”, o “¿embarazo no deseado?”.

Los puntos de venta ilegales suelen ubicarse en plazas, mercados, terminales y universidades, donde los comercializadores ofrecen las pastillas y brindan instrucciones sobre su uso, sin tener la capacitación adecuada.

A pesar de las dudas que surgen entre las mujeres después de tomar las pastillas, muchas evitan buscar ayuda profesional por miedo a que les inicien procesos. Consultas como “Llevo más de 30 días de sangrado ¿es normal?”, “He tomado la pastilla y estoy sangrando color marrón y poco”, o “¿qué pasa si no me ha bajado después de tomar las pastillas?”, son comunes en videos subidos en plataformas como TikTok, donde se hace referencia al aborto. Sin embargo, no está claro si estas personas recibieron respuestas a sus preguntas o si buscaron ayuda médica, a pesar de que su salud y vida podrían estar en riesgo.

Lo cierto, es que cada vez más vidas de mujeres se ponen en riesgo a causa de la práctica de abortos clandestinos en condiciones de salud precarias o inexistentes. En su mayoría jóvenes, muchas de ellas se ven sin apoyo ni siquiera en sus propios hogares. En vez de encontrar el respaldo y el soporte que necesitan, confían en malos médicos, falsos profesionales o farmacéuticos negligentes para resolver una situación que pone en peligro sus vidas.