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Hace más de 45 años que el Código Penal Boliviano fue aprobado y dispuso en su artículo 266, que se puede interrumpir un embarazo de manera legal, cuando éste sea consecuencia de una violación, de estupro o de incesto. También procede para evitar peligro o riesgo a la vida o la salud de la mujer embarazada. Para que sea posible el aborto legal se solicitaba que la gestante haya iniciado una acción penal y que un/a juez/a autorice la práctica. Sin embargo, el 5 de febrero de 2014, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), emitió la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0206/2014
